El Consell d’Eivissa y el Ayuntamiento de Vila confirmaron ayer a este periódico que no tienen intención de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears la sentencia del Juzgado de lo Social que obliga a estas dos instituciones (además de a los ayuntamiento de Sant Antoni y de Santa Eulària) a abonar parte de la paga extra suprimida a los funcionarios laborales. Concretamente, el fallo de la magistrada de lo Social de Eivissa sentencia que se deben pagar 44 días, es decir una media de 200 euros a cada uno de los trabajadores de las diferentes instituciones.

Desde el Consell d’Eivissa señalaron que una vez que se le notifique la sentencia se estudiarán el escrito con el fin de saber cómo se debe aplicar, descartando así recurrirla.

El Ayuntamiento de Santa Eulària, por su parte, señaló que acatan la sentencia aunque deberán estudiarla en profundidad. «Cuando se presentó la demanda, nosotros dijimos que habíamos aplicado lo que marcaba la normativa aprobada por el Gobierno y si, al final, los tribunales decían que no se tenía que haber retirado la paga, lo acataríamos, de la misma forma que si decía lo contrario», indicaron desde el Consistorio.