El Govern ha recibido 145 reclamaciones y cerca de 80 consultas en los últimos 15 meses por supuestas inspecciones irregulares de gas y abusos de empresas instaladoras, que han sido puestas en conocimiento de los cuerpos de seguridad.

Ante esta situación, el director general de Industria y Energía, Jaume Ochogavía, recuerda a los usuarios que encarguen las inspecciones a empresas de su confianza y que no se dejen «amenazar ni presionar» por «supuestos inspectores de gas» que acuden los domicilios coaccionando a los usuarios.

Los controles periódicos de las instalaciones receptoras de gas están reguladas por la normativa vigente y deben diferenciarse dos tipos de controles, explica en una nota de prensa el Govern.

Los primeros son para las instalaciones alimentadas desde redes de distribución con contadores de consumo de lectura individual, y son las que corresponden a gas canalizado (antes gas ciudad) o gas distribuido desde un depósito a urbanizaciones o edificios.

Los segundos son para las instalaciones alimentadas desde depósitos fijos, envases o botellas, habitualmente las instalaciones individuales de gas propano o gas butano.

En el primer caso, la empresa distribuidora es la encargada de efectuar cada 5 años el control periódico y repercute el coste de la inspección al usuario de acuerdo con las tarifas establecidas (43 euros + IVA).

En el caso de las instalaciones alimentadas desde depósitos fijos, envases o botellas, el usuario o titular es el responsable de encargar el control periódico a una empresa instaladora habilitada ante la Administración.

Es el usuario el que debe elegir la empresa encargada de realizar la revisión y el coste de esta revisión está sujeto al libre mercado y también se debe realizar cada 5 años.

Es precisamente en este tipo de instalaciones donde se registran denuncias y consultas, la mayoría de las cuales coinciden en que operarios de algunas de las empresas se presentan en el domicilio, identificándose como inspectores o como empleados de la Dirección General de Industria y Energía.

De esta manera, abusan de la confianza, buena fe y desconocimiento de las personas, actúan de manera comercialmente agresiva, coaccionando a los usuarios, amenazando con denunciar al usuario ante la institución pertinente, añade la nota.

Los usuarios afectados por este tipo de actuaciones suelen firmar los documentos de haber recibido previamente el presupuesto antes de la realización de los trabajos, de aceptación del presupuesto y de conforme con la factura.

Dentro del presupuesto y factura normalmente incluyen el cambio de tuberías y de reguladores (por encima del precio de mercado) y un contrato de mantenimiento por un período de 5 años, en el que habitualmente está incluido un «vale» para la revisión periódica y que para hacerlo efectivo el usuario debe contactar o citar a un teléfono.

Se da por tanto la circunstancia de que con esta actuación el certificado de revisión periódica no está cumplimentado y el usuario se encuentra, sin saberlo, incumpliendo la obligación de tener la revisión al día.

Para evitar estas prácticas abusivas se recomienda al usuario o titular de las instalaciones de gas butano que contraten a una empresa instaladora de gas de su confianza y no dejen actuar a cualquiera que se presente en el su domicilio ofreciéndole sus servicios.