El Ministerio Fiscal ha interpuesto ante el Juzgado Decano de Eivissa una denuncia contra el representante legal de la entidad Isla Tagomago por la «presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio», informa el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu.

Según detalla el consistorio en un comunicado, la Fiscalía del área de Eivissa le ha comunicado este acto «como consecuencia» de la denuncia del 12 de noviembre de 2013 presentada por el concejal delegado de Administración Local y Servicios Generales del Ayuntamiento de Santa Eulària.

El consistorio manifiesta su satisfacción por la decisión tomada por la Fiscalía de pedir el inicio de un procedimiento judicial para determinar si las irregularidades que fueron observadas y documentadas por sus técnicos son constitutivas de un posible delito.

El 15 de octubre de 2013, una inspección ocular realizada por técnicos de este Ayuntamiento, personal del Consell d'Eivissa y de los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil constataron que en la zona del quiosco de Tagomago se habían realizado diferentes obras, nivelaciones del suelo, ampliación de una escalera, instalación de una estructura de madera con cubierta de cañizo.

El consistorio destaca que no ha tenido constancia de la autorización de estas obras por parte de Demarcación de Costas.

Esta información fue enviada en noviembre a la Fiscalía y en marzo de este año se reiteró una petición hecha en enero para pedir al Ministerio Público si se había dado inicio a cualquier actuación judicial al respecto de las denuncias municipales

«La puesta en conocimiento de estos actos ante el juez y la realización de una indagación judicial son un hecho que no debería haberse producido ya que la preservación de los valores medioambientales del islote de Tagomago debería ser el objetivo principal de sus cuidadores y, en caso de producirse cualquier irregularidad, ésta debería ser corregida de inmediato», destaca el Ayuntamiento.

No obstante, añade, que al no ser así, considera que es su responsabilidad poner en conocimiento de la autoridad judicial los hechos y que esta pueda estudiar y valorar de forma «ecuánime sobre lo que se ha hecho en ese islote y cuáles deben ser las consecuencias si se certifica que se han producido las infracciones».

La entidad denunciada es propiedad del empresario Matias Kühn, que posee en el islote una vivienda de lujo y un club de playa, cuyas construcciones en 2009 desencadenaron un proceso judicial que aún continúa abierto, al haberse realizado en una zona de alta protección medioambiental.

No obstante, la remodelación tanto de la vivienda como del «beach club» han sido autorizadas con posterioridad, lo que ha generado polémica y las denuncias de diversas organismos y entidades políticas y sociales.