El director insular de la Administración General del Estado (AGE) en Eivissa y Formentera, Rafael García Vila, se ha reunido esta mañana con el presidente del Consell Insular d’Eivissa, Vicent Serra, los jefes de la Policía Local y los regidores responsables de cada municipio de la pitusa mayor con el objetivo de trasladarles los acuerdos adoptados por la Delegación del Gobierno en Illes Balears y la Conselleria de Turisme para el control y la regulación de las embarcaciones de tráfico turístico de pasajeros, dentro de las que se incluyen las party boats.

Como anunció la delegada Teresa Palmer el pasado 12 de junio, ambas administraciones tienen la intención de hacer partícipe de las iniciativas adoptadas tanto a los ayuntamientos como al resto de instituciones de las zonas más afectadas, principalmente en Eivissa y Formentera. En breve, el director insular se reunirá también con los responsables de Formentera.

En la reunión celebrada hoy en la Dirección Insular de la AGE en Eivissa, García Vila ha hecho partícipe al resto de administraciones de las acciones a desarrollar durante la presente temporada alta para limitar y reducir las irregularidades que pudieran estar cometiendo las 'party boats'. El objetivo es "asegurar el correcto equilibrio entre el desarrollo de esta actividad de ocio turístico y los derechos al descanso y a la seguridad de los ciudadanos y la protección del medio ambiente". Todas las administraciones han ofrecido su "total colaboración" en cada ámbito competencial, según el director insular García Vila.

Cabe recordar que la Delegación del Gobierno tiene previsto efectuar, en coordinación con el resto de administraciones competentes, actuaciones que certifiquen el buen cumplimiento de las diferentes normativas a las que están sujetas las empresas de ‘party boats’, como controlar las condiciones de seguridad de los pasajeros (aforo, chalecos salvavidas, etc); inspeccionar la documentación requerida para estas actividades (contratos, régimen Seguridad Social, Prevención Riesgos Laborales…) y vigilar el cumplimiento de la normativa sobre ruidos y medio ambiente, mediante sonometrías y trasladando al empresario la necesidad de respetar los niveles acústicos.

El incumplimiento de la normativa puede conllevar al inicio de expedientes sancionadores y, en el caso de gravedad, a la paralización de la actividad empresarial.