El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a un año y medio de prisión al exaparejador municipal de Sant Antoni de Portmany, Miguel Ángel Martí Miralles, por redactar un informe falso para la ampliación de una vivienda en terreno protegido y ha absuelto al arquitecto condenado en el mismo caso.

El antiguo empleado municipal, que se jubiló hace unos meses, fue condenado por un delito continuado de prevaricación urbanística, mientras que el arquitecto ahora absuelto, Francisco Negre, fue encontrado culpable de un delito contra la ordenación del territorio y castigado con nueve meses de prisión.

La misma condena, sí confirmada ahora por el alto tribunal, recayó sobre el promotor de la obra, el holandés Frans Wong Lun Hing.

Los hechos juzgados se remontan al año 2005, cuando el promotor adquirió un terreno situado en la finca de Can Pou de Sant Mateu, en un suelo calificado como no urbanizable, ya que estaba situado en un terreno rústico catalogado como área rural de interés paisajístico.

El Tribunal Supremo confirma punto por punto todos los aspectos de la sentencia anterior en lo referente a Martí Miralles y Wong, que impulsaron la construcción de un edificio de 305 metros cuadrados a partir de una edificación preexistente de 52,5 metros cuadrados, lo que constituyó en realidad «una edificación de nueva planta».

Una «flagrante ilegalidad» que, según el Supremo, fue encubierta por el aparejador, quien aseguró que la obra cumplía la normativa «a sabiendas de que la finca sobre las que se proyectaban dichas obras no cumplía el requisito de la parcela mínima fijado por la Ley de Espacios Naturales y Régimen Urbanístico y sin contar con el informe previo y vinculante de la Comisión Insular de Urbanismo del Consell de Ibiza exigido por la Ley de Suelo Rústico».

Según la sentencia, cuando Martí Miralles informó favorablemente a las modificaciones y la construcción de una piscina, lo hizo «con el más absoluto desprecio a la normativa aplicable que obligatoriamente debía conocer por razón de su cargo».