La FSP-UGT ha criticado que el Servei de Salut de Balears (Ib-Salut) «incumple de forma reiterada» la legislación en materia de personal, apuntando a la «falta» de control interno y al «vacío de poder» como anomalías que han posibilitado el incumplimiento de la normativa en materia de contratación pública detectado por la Sindicatura de Comptes durante 2012.

Según ha puesto de manifiesto el sindicato en un comunicado, el incumplimiento «sistemático» de la legislación vigente en materia de personal «lamentablemente se mantiene con los actuales responsables del Ib-Salut».

«Esta falta de control del Ib-Salut propició que las Gerencias se convirtieran en auténticos reinos de taifas, en los que impera la política del 'aquí mando yo' y deja a los gerentes las manos libres en materia de contratación y plantillas, saltándose la normativa básica en estas materias», recriminan desde UGT.

Tal y como recalcan en la nota, el último ejemplo producido ha sido la movilidad interna convocada por la Gerencia de Eivissa, contra la que UGT ha presentado recurso de alzada ante el director general del Ib-Salut «por saltarse todas las normas básicas en cuanto a la negociación colectiva de las condiciones laborales de los empleados públicos, en este caso en la Mesa Sectorial de Sanidad, único foro de negociación del personal estatutario».

«UGT no está en contra de la movilidad interna del personal como medio de provisión de plazas contemplado en la legislación vigente, pero en el caso que nos ocupa salen a movilidad las plazas ocupadas por el personal fijo que tomó posesión en las últimas oposiciones», señalan.

Al respecto, apuntan que es habitual que el personal que aprueba una oposición ocupe su puesto de forma provisional y esa misma plaza se convoque a movilidad en los meses siguientes, pasando a ocupar entonces una plaza definitiva, «pero la dejación de la administración ha prolongado este plazo más de tres años, desde febrero de 2011, liquidando de un plumazo la estabilidad laboral y personal de los afectados».

Asumiendo que en este caso los intereses de una parte del personal, interesado en optar a esas plazas, choca frontalmente con el derecho a un puesto de trabajo estable de los afectados en esta movilidad, es fundamental la transparencia, la legitimidad, y las máximas garantías jurídicas de todo el proceso, algo que la Gerencia de Eivissa y los responsables del IB-Salut parecen no compartir.