El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany ha destacado que el Juzgado Contencioso de lo Administrativo número 3 de Palma notificó este martes a las partes implicadas la firmeza de la sentencia relativa a los sueldos de seis concejales del equipo de gobierno.

Según han avanzado fuentes municipales, ahora el Consistorio ejecutará la sentencia mediante la cual se cambiará el concepto de indemnización por el de «asistencia a órganos colegiados», no sólo en relación a los salarios de estos concejales, sino de los de todos los ediles sin dedicación: seis del PP, siete del PSOE-Pacte y dos de PI. Este acuerdo, según han recordado, se tomará en sesión plenaria.

Esta sentencia responde a una denuncia que el grupo municipal PI presentó a principios de legislatura. Ahora, tras tres años de periplo en los tribunales, el juez ha confirmado que los sueldos de los ediles del PP sin dedicación no son ilegales y además, destaca que el equipo de gobierno tampoco se ha subido el sueldo.

Según fuentes del Consistorio, se trata de «dos mentiras que durante todo este tiempo la oposición ha repetido hasta la saciedad, a sabiendas de que no eran ciertas y sólo con el objetivo de tener publicidad gratuita en los medios de comunicación locales para darse a conocer en miras a las próximas elecciones».

Desde el equipo de gobierno han reiterado que el objetivo de la denuncia era «sacar rédito político de una situación inventada». Asimismo, han explicado que la sentencia tampoco pide que se devuelva dinero alguno y, es más, el cambio de concepto de los sueldos no sólo afecta a 6 de los 12 ediles del equipo de gobierno, sino también a todos los concejales de la oposición.

La sentencia ya firme que ejecutará el Ayuntamiento consistirá en modificar una cuestión técnica: el concepto de indemnización por el de asistencia a órganos colegiados y cuantificar dichas asistencias.

El equipo de gobierno ha lamentado profundamente la judicialización de la política que practica PI y ha recordado que en otros municipios los concejales cobran mediante el mismo sistema de retribución sin observar ninguna ilegalidad.

«La denuncia del PI contra los sueldos de algunos concejales ha sido desde el principio una guerra personal de los ediles de este grupo y un oportunismo político que, pese a que con ello sí han logrado darse a conocer, lo que han conseguido es obstaculizar la acción de gobierno y paralizar a los servicios jurídicos con esta demanda y otras, como la impugnación de los presupuestos que, por sistema, denuncian en cada ejercicio, y otros tantos anuncios de querellas en los juzgados», han manifestado desde el PP.

El Ayuntamiento ha valorado de forma muy positiva la firmeza de la sentencia y recuerda que ésta » se vuelve en contra del PI y tira por tierra el reiterado argumento del partido regionalista sobre la supuesta 'subida de sueldos' pasados más de tres años de legislatura».