El Tribunal Superior insta a demoler una mansión en Ses Salines

«Ante el incumplimiento sistemático de las sentencias de demolición de las obras ilegales y por su afectación sobre zonas de gran valor ambiental y paisajístico, el GEN optó para personarse como parte interesada en el trámite de ejecución de sentencia», han informado los ecologistas, que denuncian la «absoluta desidia de las administraciones implicadas, que nunca han mostrado el más mínimo interés de restaurar la legalidad».

La mansión se construyó en el año 1996 y ya en aquel momento el GEN denunció su posible ilegalidad, confirmada finalmente por la justicia.

El año pasado se conoció, además, que esta casa se estaba comercializando como alojamiento turístico por 50.000 euros semanales durante la temporada de verano.

«Los propietarios de esta vivienda no solo han vulnerado la ley al construirla sino que, una vez establecida la ilegalidad de las obras por los tribunales de justicia, no solo no tuvieron ninguna voluntad de acatar la sentencia sino que, además, la empleaban para obtener un beneficio económico», denuncia el GEN.

La diligencia de resolución que ha emitido el TSJIB incluye un requerimiento al presidente del Consell de Eivissa, Vicent Serra, para que aclare por qué no ha hecho efectivo el cumplimiento de la sentencia, aunque la institución insular ha asegurado al tribunal que la demolición del inmueble es responsabilidad del Ayuntamiento de Sant Josep, municipio en el que está ubicada la mansión.

El GEN ha manifestado que continuará con su personación en este procedimiento hasta conseguir la efectiva demolición y el restablecimiento del lugar a su estado natural, en la medida que sea posible.

«Somos conscientes de que son procedimientos largos, pesados y costosos, pero no se puede permitir de ninguna manera que continúe la impunidad y el incumplimiento sistemático de las sentencias por parte de los responsables», explican los ecologistas.