La entidad ha alertado en un comunicado de la existencia de más de 2.000 actas por aprehensión de estupefacientes de la Policía Nacional pendientes de tramitación por parte de la Delegación del Gobierno que están «a punto de prescribir», circunstancia que hace que «el esfuerzo de los policías para eliminar la presencia de droga en la vía pública se vaya al traste y su labor caiga en saco roto».
Según UFP, esta circunstancia se debe a la falta de personal en el área de Sanidad y Farmacia de la Delegación del Gobierno, donde aseguran que durante todo el verano solo ha habido un funcionario, dotación que hace «imposible dar trámite al volumen de actas» que se generan.
El sindicato ha explicado que cuando un policía realiza una aprehensión de droga, levanta un acta, propone que se sancione y remite la documentación y la droga intervenida al área de Sanidad y Farmacia de Delegación de Gobierno de Balears donde se analiza y se pesa la sustancia para confirmar que es ilegal.
Si se confirma que es droga, los cuerpos de seguridad envían una solicitud a la Delegación del Gobierno para que se proceda a imponer una multa. «Es en esta fase de recepción del área de Sanidad donde se ralentiza el proceso, de tal manera que prescriben los plazos y el procedimiento de sanción es nulo de pleno derecho», asegura el sindicato.
UFP ha denunciado además que, ante esta situación, el Jefe Regional de Operaciones de Balears ha ordenado que agentes de la Unidad Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de «dejen sus labores especializadas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado para ejercer labores meramente administrativas de recepción de las referidas actas».
Según el sindicato, esta orden ha supuesto «prescindir del 30 % de los policías que componen el grupo de investigación» y está siendo estudiada por el gabinete jurídico de la UFP porque «interfiere directamente con las labores propias que deben de desarrollar los policías según la legislación vigente».
El sindicato policial culpa a la Delegación del Gobierno en Balears de falta de previsión y absoluta inoperancia al generar una situación que resta autoridad a los agentes en la lucha contra el narcotráfico.
16 comentarios
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En este caso, no procede hablar de déficit de financiación. En efecto, se trata de funcionarios del Estado español y pagados por éste.
Siempre mirando beneficio. no salud de personas
que las multas prescriban y caduquen tampoco es malo. Lo importante es que han hecho una buena labor para q la gente no consuma toda esa droga, esto es mas importante que el dinero.
LEIDO EN EXPANSION: Extremadura es la comunidad autónoma con mayor número de empleados públicos. A primeros de este año alcanzaba en total los 88.488 trabajadores, equivalente a que ocho de cada 100 habitantes es trabajador de la Administración. Esta ratio de 8,05 sobre 100 es bastante superior a la segunda región en esta lista, Aragón, que tiene 6,64 funcionarios de cada 100 residentes. Castilla y León y la Comunidad de Madrid le siguen de cerca, también con más de seis funcionarios de media. Cataluña es la tercera comunidad con más funcionarios en términos absolutos, pero es la última si se mide en términos relativos. Así, solo 4,1 catalanes son trabajadores públicos. Comunidad Valenciana y Baleares le siguen en segundo y tercer lugar por la cola, siendo las tres únicas autonomías cuyo número de funcionarios es inferior a cinco de cada 100. Precisamente, son estas autonomías donde la población ha aumentado más en los últimos años, aparentemente, a un mayor ritmo al número de contrataciones públicas.
Supongo que estamos hablando del consumo menudo de sustancias que son interceptadas por el CNP. GC y Policía Locales... Es decir, hablamos de las denuncias de ámbito administrativo impuestas en aplicación de la Ley Corcuera. He visto como nacionales denuncian el consumo en el interior de un vehículo y requisan, lo que se dice, la colilla de un porro; la meten en una bolsa, te hacen un acta, e inician el procedimiento sancionador en la Delegación de Gobierno, previo análisis de la sustancia. No debemos olvidar que las multas son saladas y el principio de contradicción debe respetarse. . Es lógico pensar que en un fin de semana pueden levantarse un montón de actas de este tipo en Baleares. Creo que hace tiempo que las actas de los "narcomonis" ya no se tramitaban en la forma correcta. Ahora les toca a los buenos... Está claro que la Administración no puede regirse por el principio del mayor beneficio, las mismas no pueden tener un ánimo recaudador. Sin embargo, no debe este sindicato sembrar la duda acerca de las aprensiones de drogas relacionadas con el narcotráfico, pues en este caso el análisis depende la investigación.
La franquicia de baleares deja 3.500 millones al año de ganancias al gobierno central. si se gastan 1 millon e funcionarios para analizar la droga solo ganaran 3.499 al año. !Inadmisible!!
Porque no las pasan a la empresa recaudadora de Hacienda que son unos Ponces? .Sra palmer .Inutil! Por no poder decir mas. Sienta el odio de los justos y desgraciados.
A Espanya, parlam de corrupció i ja creguem haver resolt tots els problemes, fins i tot els més tècnics. També hem d'activar d'altres neurones.
Los yogures caducan, las faltas y d3litos prescriben.
Los cortesanos de este país están en Babia.Lejos y apartados de los problemas que ellos mismos han creado,para alimentar a este sistema corrupto.Basta que leas el obituario de cualquier cortesano de este país para darte cuenta de como se manipula todo.