Nunca antes se había legislado el sector minero en el archipiélago balear. | ARCHIVO

Los consells insulars seguirán teniendo las competencias para autorizar nuevas canteras en la nueva Ley de Minas aprobada ayer por el Parlament balear. «No se quitan competencias a los consells sino que se concretan y se reflejan tanto las que establecen el Estatut d’Autonomia como la Llei d’Ordenació del Territori», afirmó ayer la diputada del PP, Virtudes Marí, quien quiso dejar claro que los consells insulars «seguirán decidiendo lo que quieren hacer y dónde quieren hacerlo».
No obstante, durante el debate de ayer en la cámara balear el diputado socialista Marc Pons criticó «el fuerte componente centralizador» del Govern por eliminar el proceso de declaración de interés general para la autorización de nuevas canteras por parte de los consells. «Lo que pasa es que se sustituye este proceso por un informe preceptivo vinculante», explicó Virtudes Marí.
Planes directores
La diputada del PP también indicó que «las zonas de interés minero las define el Consell», y subrayó que las máximas instituciones insulares tienen un plazo de dos años para redactar los planes directores sectoriales «para definir las zonas de interés minero y regular la cuestión a nivel insular».
Virtudes Marí también negó que el Consell de Govern pueda autorizar nuevas canteras sin que todos los informes sean favorables. «El Consell de Govern lo único que puede hacer es si hay un informe ambiental desfavorable que se pueda seguir la tramitación siempre y cuando se cumplan las garantías ambientales que exige la normativa y se tenga informe favorable de Europa», explicó Marí, quien añadió que el Consell de Govern «no tiene ningún interés en tener una potestad extraordinaria. No es cierto que el Consell de Govern pueda saltarse la ley, no hará nada que no se ajuste a derecho».
Amplio consenso
La Ley de Minas balear se aprobó ayer con los votos favorables del Partido Popular y el apoyo de PSIB y de MÉS a la mayoría de los artículos.
El objetivo de esta ley es regular el desarrollo de las actividades mineras, así como la actividad administrativa de control y supervisión de estas actividades y de las tareas de restauración.
El nuevo marco legislativo nace de la necesidad de regular un sector que agrupa 124 explotaciones activas en Balears y 1.025 explotaciones sin obligación de restaurar hasta ayer: 883 en Mallorca, 58 en Menorca, 78 en Eivissa y seis en Formentera.
La Ley incorpora la obligatoriedad de restauración de las excavaciones o cualquier terreno afectado por extracciones. También un punto destacado es el establecimiento de la obligatoriedad de que todas las explotaciones mineras obtengan la declaración de impacto ambiental antes de diciembre de 2014 por parte de la Comissió Balear de Medi Ambient.
La nueva ley crea el Consell de la Mineria como órgano colegiado de participación, consulta y asesoramiento en materia de minería y también crea el Registro Minero de las Balears para garantizar el derecho de los ciudadanos a tener información sobre el sector.