El primer pleno del curso político en Sant Josep se presumía más bien plácido pero, sin embargo, las sorpresas rompieron el guión preestablecido –el Partido Popular perdió una votación por vez primera desde que asumió el gobierno municipal al alinearse Alternativa Insular con el PSOE en una moción contra la reforma de la Ley Electoral para la elección directa de alcaldes- y la sesión plenaria se fue encendiendo hasta que culminó con una inesperada y tensa escena con el arquitecto excluido por el Ayuntamiento y el concejal de Urbanismo, Javier Marí, como principales protagonistas.

Tras una sesión inusualmente larga, de casi cuatro horas de duración con receso incluido, el arquitecto agraviado se alzó durante el turno de preguntas para «poner en duda el proceso de selección» que le excluyó como refuerzo del área de urbanismo en favor de la segunda aspirante, hecho denunciado esta semana por el grupo socialista local como un «nuevo caso de enchufismo».

El arquitecto, que trabaja como interino en el Ayuntamiento de Eivissa, reconoció haber renunciado en dos ocasiones a las ofertas presentadas por la corporación josepina durante 2013. Sin embargo, sostuvo que «las condiciones laborales que se me ofrecieron no eran las mismas bajo las que se contrató a la segunda aspirante», por lo que en su momento requirió explicaciones por «un perjuicio económico» que nunca fueron contestadas.

Además, afirmó que ante la tercera oferta municipal se interesó por escrito sobre las características de la misma el 17 de mayo de este año, recibiendo como única respuesta un correo electrónico donde se le notificaba su exclusión definitiva del bolsín de arquitectos abierto por el ayuntamiento dos días más tarde.

La tensión se disparó en la sala cuando el arquitecto -visiblemente nervioso- insinuó cierto favoritismo por parte de Javier Marí, quien estalló ante las veladas acusaciones de corrupción: «No voy a consentir que me llame corrupto», dijo el edil. La alcaldesa zanjó la cuestión amenazando al arquitecto con expulsarle del pleno, a la vez que manifestó que «no hubo condiciones diferentes» entre los dos candidatos y que se aclarará todo por escrito con la documentación pertinente.

Previamente, durante una moción del grupo socialista sobre el mismo caso, Javier Marí recordó que el interesado «nunca recurrió los decretos que le excluyeron» y afirmó tajantemente que la segunda aspirante no guarda relación con ningún miembro del equipo de gobierno.

Asimismo, el titular de urbanismo defendió la legalidad de la contratación e insistió en ver un interés electoral tras de las denuncias de los progresistas.

Mejoras en tres caminos

Por otra parte, durante la sesión plenaria también se aprobó la inversión de 170.000 euros para diversas obras de mejora en tres caminos ubicados en el municipio.

Así, se llevará a cabo la pavimentación del camino de Pujol de sa Cova por un valor de 69.000 euros, una vía que los vecinos de Cala de Bou utilizan para ir a la escuela.

También se acometerá la reposición del asfaltado del camino del Collet den Marí, en Sant Agustí, trabajo presupuestado en 60.500 euros.

Por último se instalarán también protecciones en un tramo peligroso del Camino de Cas Colls, en Sant Jordi, por un importe total de 40.500 euros.

Estos trabajos, que debían financiarse con una ayuda del Consell d’Eivissa, se efectuarán reduciendo las partidas previstas para la estación de bombeo de Punta Xinxó, que no se ejecutará este año, y rebajando la rehabilitación de Can Jeroni.

Cuentas Generales

En otro punto, el pleno también aprobó las cuentas generales del ejercicio 2013, con unos ingresos de 31,6 millones de euros, unos pagos de 26,5 millones y un remanente de tesorería de 10,4 millones.

La concejala de Hacienda, Marilina Ribas, defendió la evolución positiva de otros indicadores, como la liquidez, que pasó de un 2,17 a un 3,50; la solvencia de la institución, que alcanzó un 6,74 frente al 4,96 anterior; la ejecución presupuestaria, que se elevó al 94% o la reducción del periodo medio de pago, que pasó de 42,89 días a 32,05.

Ribas también mencionó el aumento en el gasto medio por habitante, que se situó en 1.081 euros frente a los 1.036 del ejercicio anterior y la amortización de 1,1 millones de euros de deuda.