El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha anulado la contratación del presidente de Nova Alternativa, Manuel Adana, como coordinador de Turismo del Ayuntamiento de Sant Josep.

El portavoz del PSOE-Pacte, Josep Marí Ribas, ha recordado que la formación denunció dicha contratación y ha afirmado que la sentencia «es una bofetada» al equipo de gobierno. Asimismo, ha exigido la destitución «inmediata» de Adana y que devuelva al Ayuntamiento el dinero que ha cobrado «de manera ilegal», unos 100.000 euros, según el PSOE-Pacte.

Según el socialista, el contrato fue el resultado de los compromisos del PP y Nova-Al y que consistían en «enchufar» en el Ayuntamiento al presidente del partido más pequeño, «el partido que se pasó la campaña diciendo que no pactaría con nadie y después se vendió al PP», ha lamentado.

Marí Ribas ha recordado que la plaza de cargo de confianza se creó para Adana en 2012 con la aprobación del presupuesto municipal para aquel ejercicio y ha explicado que el Decreto Ley 20/2011 «prohibía expresamente la creación de nuevas plazas de trabajo en la administración pública a partir de 2012 y, a pesar de todo, se incluyó en el presupuesto la creación de la nueva plaza de coordinador de Turismo, contratándose a Adana».

Los socialistas han reiterado que el coste de la plaza asciende a 40.000 euros al años, 32.000 euros de sueldo más la Seguridad Social, un dinero que Marí Ribas ha considerado que se debería devolver, atendiendo a lo que dicta la sentencia.

«Tendremos que pedir a los juzgados la ejecución de la sentencia y ver qué implica. La sentencia anula el decreto y la partida presupuestaria que sustentaba esto», ha explicado el portavoz, quien ha añadido que la anulación de la contratación «no es por capricho nuestro, sino porque hay una ley que así lo indica».

Sant Josep «acatará la sentencia»

El equipo de gobierno de Sant Josep de Sa Talaia ha asegurado, por su parte, que en relación a la sentencia que anula el decreto 636/12, «no comparte la afirmación de la Sala sobre el quebrantamiento de la ley 20/2011, ya que a la hora de aprobar el presupuesto y posterior nombramiento de un cargo de confianza, entendió que no se veía afectado por dicha norma al ser una facultad irrenunciable de la Corporación determinar el número y retribuciones de estos cargos», han explicado en un comunicado.

Asimismo, han recordado que los miembros de la Corporación, como representantes de los ciudadanos elegidos democráticamente, «no son funcionarios en los términos descritos por el Estatuto Básico del Empleado Público, ni tampoco son altos cargos de la Administración General del Estado, y por tanto, entendemos que no están incluidos en el ámbito de aplicación de los artículos 2 y 3 de la norma que se dice quebrantada por la Sentencia».

En cuanto al incremento de la masa salarial, el importe total del coste del 2012, 4.020.089,85 euros, es inferior al del año 2011, 4.052.421,92 euros, incluyéndose todo el personal. Asimismo, han mostrado su sorpresa ya que la reciente Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la administración local, permite que ayuntamientos como el de Sant Josep de Sa Talaia tengan hasta 7 cargos de confianza, más del doble de los que hay actualmente.

El Ayuntamiento ha explicado que ni por el incremento de la masa salarial, ni por el número de personal municipal, ni por los criterios vigentes para la contratación de cargos de confianza, «cabe entender la conclusión de la Sala, de ahí que no compartamos su opinión, aunque como decisión judicial la acataremos».