Tras culminar los trabajos de preparación y vaciado de la mansión ilegal de Puig d’en Serra, la empresa Erri Berri (la misma que demolió la mansión de Cretu) introdujo ayer las máquinas en la zona y empezó el derrumbe de la vivienda, un trabajo que está previsto que concluya esta semana. Tras el derribo, la empresa tiene que llevar a cabo una restauración paisajística de la zona para que recupere su estado original.
Esta casa tiene una sentencia de derribo del año 2004, que fue ratificada dos años más tarde por el TSJB. En el año 96, el GEN denunció las obras por estar en un Área Natural de Especial Interés (ANEI), Puig d’en Serra (es Cubells). El presidente del GEN, Joan Carles Palerm, destacó ayer que esta vivienda era uno de los ejemplos de que «no hay una disciplina urbanística en condiciones, lo que lleva a que nadie siga las normas y ocurran casos como la casa de Puig d’en Serra». En este sentido, Palerm recordó que incluso con sentencia de derribo la casa seguía en pie: «La administración no cumplía y por eso tuvimos que ir a los tribunales a pedir que se cumpliera la sentencia de derribo, lo cual ya da una idea de cómo funcionan las cosas en esta isla. Lo suyo sería no tener que recurrir a la justicia». Palerm destacó que tras el caso Cretu y éste de Puig d’en Serra «las cosas no funcionan igual y hay un poco más de seguimiento de la normativa, pero sigue quedando mucho trabajo por hacer en lo que se refiere a disciplina urbanística y la persecución del delito».
El presidente del GEN recordó que también han acudido a los tribunales para exigir la demolición de una mansión construida ilegalmente en ses Salines en el año 96 y sobre la que pesa una sentencia de derribo desde hace 12 años. «Es otro de los ejemplos de ilegalidad; tiene un impacto visual enorme», recordó Palerm.
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