En la denuncia se hace referencia a un informe del jefe del servicio de Recursos Marinos de la conselleria de Medi Ambient del Govern en el que se pone de manifiesto que, entre abril y julio de 2013, «en áreas libres del Golfo de León y en plena época de migración de los rorcuales comunes, se realizaron sondeos de prospección sísmica con cañones de aire comprimido, mediante el sistema ‘airguns’, con cadencias de baja frecuencia e intervalos regulares de 10 segundos aproximadamente y que fueron audibles en todo el mar balear».
En el escrito, el GEN ha señalado como responsable de las prospecciones a la compañía Seabird Exploration, que había solicitado realizar trabajos de investigación y operación sísmica 2D.
Los ecologistas recordaron que esta petición no fue autorizada por el Ministerio, por lo que, «los sondeos sísmicos se habrían realizado sin ni siquiera haberse esperado a la formulación del informe preceptivo y vinculante de Declaración de Impacto Ambiental por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por lo que estos sondeos serían ilegales y constitutivos de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente».
Los ecologistas también destacaron que, de demostrarse la pasividad de las instituciones en relación a estas prospecciones, podría considerarse como delito.
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