EIVISSA / IBIZA: Mercedes Prats, consellera Sanidad y Bienestar Social. | (c) Sergio G. Canizares

La consellera Mercedes Prats ha asumido durante su primera etapa como política algunos de los asuntos más delicados de la sociedad ibicenca como las residencias, la radioterapia o la atención a los colectivos más vulnerables.

— Cuando entró dijo que la situación económica de su departamento era preocupante. ¿En qué situación está ahora?

—Cuando entramos había una situación de deuda económica y quedaba medio año por gestionar. Lo que ha condicionado estos años es la gestión del Consorcio Sociosanitario, no había unas previsiones económicas ni estaba la contabilidad realizada. A fecha de hoy, para este 2015, hay un presupuesto que podemos gestionar desde el primer momento. El Consorcio ya está disuelto y el Govern ha asumido las competencias que le tocan, así que ya no marcará de una forma tan determinante la gestión de esta conselleria.

— Desde el 1 de enero el Govern gestiona las residencias, ¿ha costado más de la cuenta la disolución del Consorcio?

— Sí, ha sido un proceso muy largo. Hemos tardado tanto porque empezamos la legislatura en 2011 sin ningún dato y sin saber que deuda había. Tuvimos que rehacer todo y eso nos llevó dos años. En el momento que tenemos estos datos, a finales de 2013, sabemos el coste que tienen estos servicios y decidimos que el Govern asuma sus competencias pero con un modelo de externalización. Nuestro compromiso es firmar un convenio laboral con los trabajadores, porque una externalización les puede complicar su seguridad laboral, pero tarda mucho y nos vamos hasta octubre. A la vez, aparecen nuevas normativas que nos complican mucho la gestión a través de consorcios y que hace inviable poder gestionarlo. Nos encontramos que no podíamos pagar las nominas y que había deudas de proveedores, todo y tener liquidez. Dada esta situación, no nos queda otro remedio, ya por responsabilidad política de tomar una decisión drástica de dar una solución a los usuarios y a todos los trabajadores. Es cuando se decide que el Govern asuma las competencias y la gestión de las residencias de Can Raspalls y Can Blai.

— La anulación de la externalización de las residencias, ¿qué cambio supone?

— Mucha tranquilidad por parte de los trabajadores, que es lo que querían, porque cuando se habla de externalización no le gusta a nadie. Aunque son modelos que funcionan bien, siempre ha estado estigmatizada y se cree que la gestión pública es mucho mejor y más directa. Por otra parte, la Fundació balear d’Atenció a la Dependència a nivel de proveedores tiene un plazo de pagos de alrededor de un mes, por lo que hará que la situación sea más ágil. La calidad asistencial será la misma, lo único es que hay una satisfacción general y personal por haber llegado a esta situación.

—¿Por qué no pasa lo mismo con la residencia de Sant Antoni?

— La residencia de Sa Serra ha hecho un camino diferente, no estaba dentro de este Consorcio y, por tanto, a finales de 2013 se decidió hacer la externalización como también se había pensado con las otras dos. Hay un contrato en vigor y en el momento que se extinga y, si la situación económica lo permite, no tiene porque no iniciarse una gestión pública. Las noticias que tenemos es que se está gestionando de forma excelente. Ahora hay 30 usuarios que es la previsión que tenían para finales de enero.

— Las familias de discapacitados dicen que se sienten olvidados por la administración, ya que la residencia de Can Raspalls lleva paralizada desde 2007.

— Can Raspalls se inició con cinco plazas de salud mental y la plantilla contratada permitió ampliar estas plazas hasta un total de 15, pero lo que ha sido imposible es ampliar plantilla para poder dar cobertura a las plazas que quedaban de personas con discapacidad intelectual. Evidentemente, a las familias les cuesta entender que se pueda poner en marcha una residencia cerrada, como la de Sant Antoni y no las 36 plazas que hay en Can Raspalls. Pero estas plazas estaban dentro de un Consorcio con una trampa económica que ha marcado mucho la posibilidad de ampliar.

—¿Será una realidad en 2015?

—Sí, el compromiso es que esta residencia esté en pleno rendimiento en 2015.

—¿Hay una fecha concreta?

— Es difícil. Cuando el Govern tenga contabilizado el coste de estas residencias se verá el margen de tiempo que necesitan para ampliar estas plazas.

—¿Cuánto personal se necesita para ponerlas en marcha?

— Se necesitan unas 60 personas, pero ya contamos con una parte de la plantilla contratada.

— Medio centenar de personas han perdido la vida en Eivissa esperando la prestación por dependencia. ¿Como está la lista de espera?

— En estos momentos, hay 1.800 solicitudes de dependencia y 1.400 personas que tienen derecho a recibir esta prestación. Lo que más se demanda es plaza residencial. En Eivissa se han puesto en funcionamiento 70 plazas públicas residenciales, que pueden hacer que la lista de espera se reduzca y sea prácticamente inexistente. En total, entre Can Blai, Cas Serres, Reina Sofia y Sa Serra hay 224. Además, están las prestaciones que son ayudas económicas.

— Aunque se habla de una recuperación económica, los últimos datos de Cáritas dicen que un 24% de la población de Eivissa está en exclusión social o al borde la pobreza. ¿Qué está fallando?

— Estos indicadores no van dirigidos a personas que estén en una situación extrema. Por suerte en Eivissa, las noticias del paro son buenas y las de la recuperación económica también. Estamos en una situación donde nuestros detectores de problemáticas, ya sea a través de ONGs, servicios sociales, asociaciones o centros educativos, dicen que no estamos en una situación alarmante. Entre las administraciones y las asociaciones damos cobertura a todas las necesidades.

— ¿Han tenido que recortar?

— No hemos hecho ningún recorte, pero sí contención para controlar los gastos. Lo que sí hemos hecho es ampliar. Este departamento tiene un presupuesto de 18,5 millones, 1,5 millones más que en 2013, lo que supone el 22% de todo el presupuesto del Consell. En servicios sociales nunca es suficiente, pero se tiene que tener una planificación y una cordura técnica para no crear servicios que luego no sean sostenibles. Hemos podido reorganizar una situación que ponía en peligro la continuidad de servicios.

— Este 2015, ¿será finalmente el año de la radioterapia?

— Sí, espero que sí. Todo este retraso es fruto del proceso administrativo. La mesa de contratación tiene que asegurar que haya una seguridad jurídica.

— En octubre se dijo que en un plazo de dos o tres semanas ya se habría asignado el servicio a una empresa, ¿se han encontrado problemas para la adjudicación?

— La mesa de contratación tiene que tomar ya una decisión para adjudicar una empresa. Supongo que habrán solicitado más información para dar esta seguridad jurídica, porque sino puede haber impugnaciones. Espero que pronto se den noticias y este año se pueda poner en marcha la radioterapia por el bien de las personas que se tienen que desplazar y las que no pueden por situación de salud.

— ¿Qué se le dice desde la administración a este colectivo que lleva tanto tiempo esperando?

— Se les pide paciencia y disculpas. Ahora nadie duda de que en 2015 será el año en que en Eivissa habrá radioterapia. Hace un año no sabíamos si habría porque la situación económica no garantizaba que fuera una realidad. La espera se hace larga y estas familias cada lunes tienen que partir a una isla donde tienen que buscar unas residencias y realizar gastos. Hay que hacer un reconocimiento a las asociaciones que desde hace muchos años acompañan a estas familias en este proceso de enfermedad con ayudas económicas, adelantos o pagos de los gastos de material ortopédico.

— ¿Le quedan cosas por hacer?

— Muchas. Falta acabar de resolver el tema del Consorcio, el hospital tiene que estar en pleno funcionamiento, detallar la previsión que tenemos de radioterapia, concretar el proyecto de Es Gorg o asegurar fecha de la residencia de Can Raspalls. Ya están muy adelantadas pero falta concretar.

— ¿Está dispuesta a seguir cuatro años más como consellera?

— Está condicionado a dos cosas. Por un lado, no soy un cargo electo, por lo que la persona que elige tiene que decidir si sigo y, por otro, es un cargo que requiere de una disponibilidad absoluta de tiempo y de aquí a mayo mi situación personal no se como estará. Estoy satisfecha por el trabajo hecho, ha sido una experiencia muy buena pero también ha habido momentos muy duros, es un trabajo que requiere de los cinco sentidos y mucha dedicación.