Virginia Marí acompaña a Lina Sansano durante una rueda de prensa en Can Botino. | (c) Sergio G. Canizares

La actual alcaldesa de Eivissa, Virginia Marí, rehusó ayer valorar la decisión judicial sobre el caso de la publicidad institución en Vila que desembocó en la dimisión de Marienna Sánchez-Jáuregui al frente del Ayuntamiento y que el juez decidió archivar la semana pasada. Sin embargo, Marí no cree que hubiera «mala intención» en el proceder de los imputados. «Lo digo con el corazón en la mano, conozco a Marienna y a Lina Sansano y no creo que hubiera mala intención», comentó.

Virginia Marí también aseguró que durante el proceso entre que saltó a la luz el caso de la publicidad y la dimisión de Sánchez-Jáuregui hubo «ensañamiento», y que ella siempre ha sido partidaria de «esperar a las decisiones judiciales». «No entro si está bien o mal hecho, ya que creo que es la justicia quien ha de valorar y decidir si lo que se hizo fue delito», aseguró ayer la alcaldesa de Eivissa.

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa, José Espinosa, archivó la causa contra la exalcaldesa de Vila, Marienna Sánchez-Jáuregui, por el caso de la publicidad institucional. En el auto el juez instructor no aprecia prevaricación en la actuación de los dos imputados: la exalcaldesa y su jefe de gabinete, Antonio Martínez Beneyto. «No queda acreditado que alguno de los imputados haya obtenido algún beneficio económico o de otro tipo, por el encargo de publicidad ya referido», asegura el juez Espinosa en su auto, donde añade que tampoco «se evidencia interés alguno que no sea el supuesto beneficio para el ciudadano, al obtener información institucional en una publicación gratuita, y es cierto que ningún otro medio de difusión podría competir en ese sentido».

Pese no apreciar delito en su conducta, el juez Espinosa da un tirón de orejas a Sánchez-Jáuregui por la manera de contratar la publicidad institucional. Para el magistrado, la exalcaldesa «demuestra una ignorancia y una negligencia inexcusable» por su condición de licenciada en Derecho y con experiencia laboral en la Administración pública. Para el magistrado, a Sánchez-Jáuregui le sirve como descargo «la supuesta creencia de que se le otorgaría al ciudadano un beneficio, al ser gratuito para éste la adquisición de ejemplares de la publicación, sin pensar –posiblemente– en lo que le hubiera costado al Ayuntamiento la publicidad a través del que resultara ‘mejor postor’».