Fotografía facilitada por Repsol del Rowan Renaissance, el buque que la empresa utiliza para las prospecciones en busca de petróleo en Sandía, en aguas próximas a Canarias. | Efe

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves pedir al Gobierno que suspenda los permisos para realizar prospecciones en el Mediterráneo y en las Islas Canarias, tal y como solicitaban el PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU y parte del Grupo Mixto.

La Cámara Baja ha votado una moción pactada entre los socialistas y la coalición de izquierdas exigiendo al Ejecutivo dar por resueltas las concesiones de Repsol en el Archipiélago canario y suspender con carácter inmediato los permisos de investigación o exploración concedidos o en tramitación en la costa del Levante.

Además, solicitaban cambiar la Ley de Hidrocarburos y la de Evaluación Ambiental para endurecer los requisitos de concesión de autorizaciones de este tipo, previendo las consecuencias medioambientales y económicas, incluyendo garantías financieras para cubrir posibles daños, garantizando la participación pública en el trámite de evaluación ambiental, reabriendo incluso los expedientes en los que no se ha llevado a cabo; y creando un procedimiento integrado para los permisos de investigación de hidrocarburos que incluya todas sus fases.

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Finalmente, la propuesta, que partía de una moción socialista, exigía una transición hacia un modelo energético más sostenible y menos dependiente de los combustibles fósiles, paralizar todas las autorizaciones de fracking y ampliar hacia el este el límite oriental de la zona Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Espacio Marino del Oriente y Sur de Lanzarote-Fuerteventura.

Rechazo de PP, UPyD y UPN

El texto ha sumado los apoyos de PSOE, IU-ICV-CHA, CiU, ERC, Amaiur, BNG, Compromís y Coalición Canaria (CC), frente a la abstención del PNV y el voto en contra de PP, UPyD y Unión del Pueblo Navarro (UPN).

El miércoles, durante el debate, los socialistas acusaron al Gobierno de «empecinarse» con las prospecciones petrolíferas y criticaron su «prepotencia» por negarse a negociar con los territorios afectados, mientras que el PP apeló a la dependencia energética de España y defendió que no se puede renunciar a una posible fuente de energía sin ofrecer alternativas. trata de una técnica con una «contestación social evidente».