La Fiscalía reclama dos años de cárcel para el empresario Matthias Kühn como presunto autor de un delito contra la ordenación del territorio y otro contra los recursos naturales y el medio ambiente, al realizar entre 2007 y 2008 obras de reforma supuestamente irregulares en un chalet del islote ibicenco de Tagomago que había adquirido previamente y que se encuentra ubicada sobre terreno protegido.

Del mismo modo, solicita otros dos años de prisión para el representante de la empresa que ejecutó las obras, Guido Hecker. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza ha acordado abrir juicio oral contra ambos acusados, mientras que ha sobreseído las pesquisas para el arquitecto a quien se consideraba autor del proyecto, Eugenio F.C., al no haber quedado acreditado este extremo.

El juez ha decretado asimismo para ambos inculpados, a petición del Ministerio Público, una fianza civil de 10.000 euros a fin de garantizar las responsabilidades pecuniarias que se deriven de esta causa, así como el pago otros 10.000 euros para cubrir los gastos de la demolición de lo ilegalmente construido.

En concreto, el chalet está situado sobre un solar catalogado como Área Natural de Especial Interés (ANEI), lo que le otorga un alto nivel de protección. Fue en septiembre de 2006 cuando la mercantil Isla de Tagomago S.L., propietaria del inmueble, otorgó contrato de arrendamiento del chalet en favor de Kühn, quien un año y medio después encargó el proyecto de reforma interior del edificio.

De este modo, tal y como relata la Fiscalía en su escrito de acusación, el empresario alemán promovió una serie de obras que fueron encomendadas a Hecker como representante legal de la mercantil Nova Llar, Obres i Construccions.

Más en concreto, las obras consistieron en la pavimentación de unos 470 metros cuadrados en zonas adyacentes de la vivienda, donde antes sólo había campo; la construcción de un muro de cemento de nueve metros de longitud y tres de altura; el levantamiento de un camino de piedra y cemento; la ampliación de la altura en tres filas de bloques de hormigón de una edificación destinada a proteger grupos electrógenos y almacenamiento de combustible; la creación de un camino empedrado de unos 80 metros de longitud, y la construcción en la zona del puerto del islote de una caseta de piedra y cemento.

Los trabajos fueron realizados sin estar amparados por ningún tipo de licencia, como tampoco pueden ser legalizados, lo que provocó además que, sin ningún tipo de autorización, produjesen movimientos de tierra con la consiguiente extracción de áridos y retirada de la cubierta vegetal y del suelo en una profundidad de hasta 30 centímetros en dos lomas de 1.400 metros cuadrados.

La acusación incide en que todas las actuaciones se llevaron a cabo sin tener en cuenta lo dispuesto en la Ley para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO), que establece que la Conselleria de Medio Ambiente debe informar preceptivamente, antes de su ejecución, sobre cualquier plan o proyecto que pueda afectar a la gestión de un lugar de la Xarxa Natura 2000. El juez desestimó en su día la petición de archivo efectuada por Kühn.

Denuncia por la ampliación del club de playa de Tagomago

Se da la circunstancia de que, de forma paralela y también en relación con el islote de Tagomago, el portavoz del grupo parlamentario MÉS, Biel Barceló, y los diputados de esta coalición Fina Santiago y David Abril interpusieron otra denuncia a raíz de la ampliación presuntamente irregular del Beach Club del promotor Kühn.

Los tres parlamentarios alegan que estos hechos podrían constituir un delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias por parte del conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Biel Company, y de los técnicos que aprobaron la ampliación.

Cabe destacar que el islote de Tagomago es una zona que, además de ANEI, está catalagoda como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA), y forma parte de la Xarxa Natura 2000 al estar considerado un espacio con "el máximo nivel de protección medioambiental según la normativa comunitaria".

Del mismo modo, solicita otros dos años de prisión para el representante de la empresa que ejecutó las obras, Guido Hecker. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza ha acordado abrir juicio oral contra ambos acusados, mientras que ha sobreseído las pesquisas para el arquitecto a quien se consideraba autor del proyecto, Eugenio F.C., al no haber quedado acreditado este extremo.

El juez ha decretado asimismo para ambos inculpados, a petición del Ministerio Público, una fianza civil de 10.000 euros a fin de garantizar las responsabilidades pecuniarias que se deriven de esta causa, así como el pago otros 10.000 euros para cubrir los gastos de la demolición de lo ilegalmente construido.

En concreto, el chalet está situado sobre un solar catalogado como Área Natural de Especial Interés (ANEI), lo que le otorga un alto nivel de protección. Fue en septiembre de 2006 cuando la mercantil Isla de Tagomago S.L., propietaria del inmueble, otorgó contrato de arrendamiento del chalet en favor de Kühn, quien un año y medio después encargó el proyecto de reforma interior del edificio.

De este modo, tal y como relata la Fiscalía en su escrito de acusación, el empresario alemán promovió una serie de obras que fueron encomendadas a Hecker como representante legal de la mercantil Nova Llar, Obres i Construccions.

Más en concreto, las obras consistieron en la pavimentación de unos 470 metros cuadrados en zonas adyacentes de la vivienda, donde antes sólo había campo; la construcción de un muro de cemento de nueve metros de longitud y tres de altura; el levantamiento de un camino de piedra y cemento; la ampliación de la altura en tres filas de bloques de hormigón de una edificación destinada a proteger grupos electrógenos y almacenamiento de combustible; la creación de un camino empedrado de unos 80 metros de longitud, y la construcción en la zona del puerto del islote de una caseta de piedra y cemento.

Los trabajos fueron realizados sin estar amparados por ningún tipo de licencia, como tampoco pueden ser legalizados, lo que provocó además que, sin ningún tipo de autorización, produjesen movimientos de tierra con la consiguiente extracción de áridos y retirada de la cubierta vegetal y del suelo en una profundidad de hasta 30 centímetros en dos lomas de 1.400 metros cuadrados.

La acusación incide en que todas las actuaciones se llevaron a cabo sin tener en cuenta lo dispuesto en la Ley para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO), que establece que la Conselleria de Medio Ambiente debe informar preceptivamente, antes de su ejecución, sobre cualquier plan o proyecto que pueda afectar a la gestión de un lugar de la Xarxa Natura 2000. El juez desestimó en su día la petición de archivo efectuada por Kühn.

Denuncia por la ampliación del club de playa de Tagomago

Se da la circunstancia de que, de forma paralela y también en relación con el islote de Tagomago, el portavoz del grupo parlamentario MÉS, Biel Barceló, y los diputados de esta coalición Fina Santiago y David Abril interpusieron otra denuncia a raíz de la ampliación presuntamente irregular del Beach Club del promotor Kühn.

Los tres parlamentarios alegan que estos hechos podrían constituir un delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias por parte del conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Biel Company, y de los técnicos que aprobaron la ampliación.

Cabe destacar que el islote de Tagomago es una zona que, además de ANEI, está catalagoda como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA), y forma parte de la Xarxa Natura 2000 al estar considerado un espacio con "el máximo nivel de protección medioambiental según la normativa comunitaria".