Imágenes de las obras. g Fotos: D. ESPINOSA

El Colegio de Arquitectos de Eivissa y Formentera ha recibido esta semana del Ministerio de Cultura el plano oficial de 1965 que demuestra que la zona vieja del puerto, donde la Autoritat Portuària de Balears (APB) está acometiendo las obras de remodelación de la fachada marítima, forma parte del conjunto histórico artístico que fue declarado en 1969, según los arquitectos. A este mapa se suma la respuesta afirmativa de la comisión del Pepri de Vila a la que preguntaron si la zona de obras estaba dentro de la declaración de zona histórico-artística. Hicieron la misma solicitud a la comisión de Patrimonio del Consell d’Eivissa, pero por el momento no han contestado, aunque cuentan «con un informe del presidente de la comisión de Patrimonio del Consell en el que explica muy bien por qué esta zona está dentro del conjunto histórico artístico», explicó Iván Torres, presidente de los arquitectos pitiusos.

Ley de Puertos

«Consideramos que es una zona BIC. La APB está incumpliendo la Ley de Puertos en la que se les exige el plan el Plan de Usos para poder acometer las obras y, además, al estar en una zona BIC debería tener un informe preceptivo de Patrimonio para poder ejecutar cualquier obra. Nuestros asesores jurídicos están estudiando toda la documentación, el mapa y harán un informe que llevaremos a la asamblea del Colegio profesional y pondremos las cartas sobre la mesa para decidir. Volvemos a retomar la idea de denunciar, como dijimos desde el primer día que haríamos en el caso de que no se cumpliera la ley», explicó Iván Torres, presidente del Colegio de Arquitectos de Eivissa y Formentera, quien recordó que el Plan de Usos no está hecho «y las obras se han iniciado, ha habido demoliciones, habrá más y pretenden hacer una construcción; se precisa un plan de usos integral del puerto».

Por su parte, el último Consejo de Administración de la APB aprobó el inicio de la tramitación del DEUP (Delimitación de Espacios y Usos del Puerto). Desde el gestor portuario explicaron que se abrirá un periodo de consultas a instituciones e información pública, se elevará a Puertos del Estado, quien volverá a someterlo a consultas, y finalmente se dirigirá al Ministerio de Fomento para su aprobación.