Las formaciones políticas de Eivissa coinciden en señalar que la isla merece un reparto de escaños más «justo», aunque no en las formas y las vías para conseguirlo.

La impugnación a las elecciones presentada por Gent per Eivissa (GxE) ha reabierto un viejo debate sobre la importancia del criterio poblacional. Y es que Eivissa y Formentera suman 151.899 habitantes, 58.586 más que Menorca. No obstante, desde la reforma del Estatut de 2007 y la posterior creación del Consell de Formentera, Menorca cuenta en el Parlament con 13 diputados, uno más que Eivissa. «Estamos de acuerdo en que nos corresponde un diputado más, el problema es el momento y la forma de plantearse», asegura Vicent Serra en referencia al recurso presentado por Juanjo Cardona (GxE) un mes antes de las elecciones. Para la diputada popular Virtudes Marí es «oportunista», mientras que el candidato del PSOE al Consell, Vicent Torres, cree que «el camino es otro».

En el Partido Popular apuntan que, con la propuesta del Govern balear de José Ramón Bauzá, en cuanto a la reducción de diputados, Eivissa salía ganando proporcionalmente, pero no se pudo aprobar por los votos en contra de la oposición. «Tuvieron la oportunidad de dar su apoyo a una modificación que reconocía el mayor peso poblacional de la isla», explica Virtudes Marí.

No obstante, el diputado socialista Joan Boned discrepa y recuerda que «todo lo que pase por reducir la representación ciudadana en la Cámara va en detrimento de la democracia». En este sentido, explica que «hay otras formas que no sea reduciendo la representación social» y que con este modelo «perderían las islas menores y ganaría Mallorca».

Población

Boned entiende que el PP es el que «ha perdido oportunidades», ya que en la negociación de la ley de financiación de los consells «podrían haber empezado a ser reivindicativos». «Salió la misma polémica, porque no son solo cuestiones de representación, sino de financiación», advierte.

Los diferentes representantes políticos entienden que no solo se puede tener en cuenta la población, porque entonces Mallorca saldría más reforzada y se cometería una «aberración» con Formentera —que se quedaría sin ningún diputado—, tal como señala Boned, que indica que también se deben valorar «unas necesidades, unos servicios o unas exigencias empresariales, económicas y laborales, que marcan las diferencias entre Eivissa y Menorca».

En este sentido, Virtudes Marí reconoce que «las matemáticas puras en un lugar como las islas provocan que los pequeños salgan perdiendo». «Eivissa perdió un escaño y lo que tenemos que hacer es recuperarlo, si entramos en porcentajes nos estaremos equivocando porque perderemos frente a Mallorca».

En lo que todos coinciden es en llegar a un consenso amplio que deje satisfechas a todas las islas. Según Serra, «es un debate que se tendrá que reabrir, porque a Eivissa le corresponde, al menos, un diputado más». Coincide con él su rival para conseguir la presidencia del Consell, Vicent Torres: «Eivissa con un diputado menos que Menorca tiene mucho que reclamar. Se tiene que hacer por una vía de consenso para conseguir un reparto justo».

Para Boned «el momento idóneo no lo encontraremos nunca, pero en algún momento se tendrá que hacer frente y buscar una negociación amplia y abierta». «No sé si merecemos estar igual que Menorca o por encima, lo que no es de recibo es estar por debajo», afirmó el diputado socialista, que animó a los representantes de Eivissa a reconocer primero la injusticia que se está cometiendo para poder reclamar y conseguir esta negociación.

Los juristas y protagonistas políticos menorquines del Estatut de 1983 y la posterior reforma de 2007 creen que la controversia está zanjada. «Esta historia no tiene ningún recorrido», afirma Joan Huguet, expresidente del Consell de Menorca y del Parlament, y exvicepresidente del Govern y ponente de la reforma. «Lo que está en vigor en las islas es perfectamente constitucional, porque si no lo fuera, saltaría también por los aires el sistema electoral de toda España», aseguró. «Si Eivissa tuviera derecho a más diputados por población, por la misma regla de tres, Mallorca podría reclamar 45», y no los actuales 33. Los 26 restantes se reparten entre Menorca (13) y Pitiüses (12 más el cedido a Formentera).

Por su parte Joana Barceló, expresidenta del Consell de Menorca y actual diputada, se ampara también en el debate de 2007 para defender el actual «equilibrio», asegura que este debate no tiene que vincularse al factor poblacional ni siquiera si se plantea una reducción de diputados, ya que también «deberá respetarse la proporcionalidad pactada en el Estatut».