Fachada de los juzgados de Eivissa. | Marco Torres

El Ministerio de Justicia podrá contratar obras en edificios judiciales, entre ellos los juzgados de Eivissa, e inversiones informáticas por una cuantía de hasta 152 millones de euros en los próximos cinco años, según el límite de gasto aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión de hoy.

Entre las inversiones en edificios judiciales que serán viables gracias a esta ampliación del límite de gasto destacan los nuevos edificios de los juzgados de Albacete, Badajoz, Guadalajara, Lorca, Segovia o Ibiza, el Campus de la Justicia de Valladolid, la rehabilitación de la sede judicial de Ceuta.

En su reunión de hoy, el Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites y número de anualidades establecidos en la Ley General Presupuestaria para posibilitar al Ministerio de Justicia la contratación de proyectos de obras en edificios judiciales e inversiones informáticas durante un lustro.

Esta ampliación de los límites de compromiso de gasto y de las anualidades eleva el límite de gasto hasta un total que supera los 151,9 millones de euros, de los cuales 116,1 corresponden a inversiones en infraestructuras judiciales a realizar entre 2016 y 2020, y 35,8 a inversiones en nuevas tecnologías entre 2016 y 2017.

Según el Ministerio de Justicia, la ampliación del límite en materia de inversiones en nuevas tecnologías garantiza el programa de digitalización de la Justicia durante el próximo año y diversas encomiendas como la de mantenimiento del sistema de gestión procesal o la plataforma tecnológica de registros procesales.

También permitirá afrontar durante 2017 la prórroga del servicio de formación y asistencia de usuarios.

Esta modificación en los límites de gasto para la contratación de proyectos de inversión en obras y equipamiento demuestra el compromiso del Gobierno con la mejora de la Administración de la Justicia en aquellas comunidades autónomas sobre las que mantiene dicha competencia, según Justicia.

Según este ministerio, estas inversiones previstas tanto en infraestructuras como en nuevas tecnologías nos acercan a un modelo de Justicia abierta, digital, innovadora, accesible y al alcance de todos ciudadanos.