Según ha informado el grupo ecologista GEN, el exalcalde Serra Escandell y todo su equipo, formado por José Marí Prats, Francisco Bonet Roig, José Ribas Marí, José Tores Cardona y Vicent Portas Marí, deberán hacerse cargo «de todos los gastos, incluidos los de la demolición y cualquier indemnización que se pueda derivar de sus actos».
El Ayuntamiento de Sant Josep había decidido suspender el expediente sancionador que implicaba a los responsables políticos, pero ahora el juez le ordena reactivarlo.
Los ecologistas resaltan que mientras ellos han tenido que destinar recursos económicos a defender el interés público y al pueblo de Sant Josep, «el Ayuntamiento defendía los intereses particulares de antecesores en los cargos públicos».
Asimismo, el juzgado le da un plazo de un año al Consistorio para que finalice dicho expediente sancionador.
El juez también alega que, a pesar de que la posible ilegalidad de los responsables de la concesión de las licencias urbanística «se encuentra prescrita, no es óbice para que el Ayuntamiento no alce la suspensión acordada en el procedimiento sancionador y dicte solución que ponga fin al mismo».
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