Jesús Sánchez, presidente de la Asociación Balear de Discotecas, compareció ayer para valorar la Ley Turística, entre otros aspectos.

La Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta y Discotecas de Balears, enmarcada en la CAEB, retomará (si los asociados así lo deciden) la campaña de denuncias contra los establecimientos de ocio que no cumplen la normativa. El presidente de esta patronal, Jesús Sánchez, recordó que el año pasado acordaron «un fair play en el sentido de no seguir denunciando a los establecimientos con el argumento de que, en base a la Ley Turística, había muchos locales que querían legalizar su situación y adaptarse a la normativa; desde Sant Josep nos comentaron esto. Nosotros hemos cumplido con nuestra parte del compromiso, pero por parte de la administración hemos comprobado que hay una laxitud absoluta en dejar que, en base a leaLey Turística que todo el mundo interpreta como quiere, hagan lo que quieran».

Así, recordó que la normativa estatal de contaminación acústica prohíbe que haya música al aire libre a partir de medianoche «y nos encontramos que los beach club son pistas de baile sobre la arena a las 04.00 horas. Nosotros siempre hemos dicho que los beach club tienen su atractivo, pero que cumplan con la ley» y recordó que el Ayuntamiento de Sant Josep aprobó que los beach clubs pudieran abrir hasta las tres de la mañana, pero sin música. El representante de esta patronal recordó que hace ocho años las discotecas «tuvieron que cerrarse porque nos lo exigieron y ahora resulta que hay establecimientos que ejercen su actividad al aire libre y más allá de medianoche». Sobre la posibilidad de acudir a los tribunales por la «dejadez» de las instituciones ante la competencia desleal, el representante de las discotecas destacó que tiene que ser decisión de la mayoría de asociados.

Sánchez explicó que, pese a ser una patronal con una amplia trayectoria, «recibimos un trato penoso por parte de las administraciones que da incluso lugar a que establecimientos sin licencia se aglutinen en una patronal con recursos» y recordó que las administraciones de Eivissa y el resto de Balears tienen unos servicios de inspección «precarios». «Estamos cansados de que se hagan leyes, decretos y ordenanzas y no haya medios para cumplirlas», concluyó.