La alcaldesa en funciones de Sant Antoni, Pepita Gutiérrez, declaró ayer ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa, presidido por la juez María Luisa Bustillo. La cita era a las 10.00 horas y no salió del juzgado hasta pasadas las 12.00 horas. También declararon los concejales en funciones Vicent Ribas, ‘Mestret’, y José Torres. Los tres están imputados por sendos supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por el aparcamiento de Sant Antoni.
Gutiérrez contestó a todas las preguntas de la juez y se reafirmó en todo lo dicho hasta ahora: «Hemos contestado a la juez sobre lo que nos ha preguntado del aparcamiento y ella tendrá que decirnos qué es lo que decide, y no tengo nada más que decir», manifestó Gutiérrez al salir de los juzgados, que tras la insistencia de los periodistas repitió: «He contestado lo que me han preguntado y he dicho lo que había dicho hasta ahora», dijo.
Vicent Ribas, ‘Mestret’, lo único que dijo al salir fue que la declaración había ido muy bien: «Ha ido todo perfecto», afirmó.
Los tres responden a una querella interpuesta por Pedro Espigares, administrador de Subsuelos Urbanos S.L., concesionaria del aparcamiento de plaza España, en Sant Antoni. La querella sostiene que los imputados cometieron un delito de malversación porque el Ayuntamiento no cobra impuestos como el IBI a los propietarios de los solares que se utilizan como aparcamiento público gratuito y que, según la querella, no reúnen las condiciones que marcan las ordenanzas y el plan urbanístico, y añade que este impago supone una pérdida de 60.000 euros para las arcas públicas.
Por su parte, Gutiérrez, en declaraciones anteriores, admite este incumplimiento porque hay contratos que se suscribieron antes de su mandato y asegura que si el consistorio cobrara estos impuestos, luego tendría que pagar la misma cantidad por el uso de dichos terrenos.
Según Espigares, el desastre económico de la concesión del parking de plaza España se debe al rechazo por parte del consistorio a cerrar los solares donde aparcan los coches. Sin embargo, según la defensa de Gutiérrez, no hay ningún documento que comprometa al Consistorio a cerrar los parkings disuasorios gratuitos.
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