El nuevo equipo de gobierno de Vila hizo ayer el balance de los primeros 15 días de la legislatura, en el que destacaron la puesta en marcha de un plan de choque en materia de limpieza durante este verano, a la espera de adjudicar la nueva contrata del servicio de limpieza que se encuentra en trámite.

El alcalde de la ciudad, Rafa Ruiz, informó que una de las primeras acciones fue conocer en qué punto se encuentra el proceso de adjudicación. «Desde la oposición intentamos mejorar este pliego que cuenta con muchos interrogantes, pero por razones legales no podemos parar la licitación y tampoco podemos perder más tiempo porque la ciudadanía no lo soportaría ni entendería», explicó Ruiz, que destacó que están trabajando para que la adjudicación se haga «cuanto antes». Mientras tanto, el Ayuntamiento pondrá en marcha un «plan de choque» de limpieza este verano, sobre todo, en las zonas con más saturación de gente «para que se vea una pequeña mejora». Para ello, ya se han reunido con la actual concesionaria que, tal y como recordó Ruiz, cuenta con un personal «justo» y está adaptada para una ciudad de poco más de 20.000 habitantes cuando actualmente se superan los 50.000.

Situación económica

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Alfonso Molina, hizo una presentación del estado de las cuentas del Consistorio y anunció que la partida para Fiestas para este año está «prácticamente agotada» — sin dinero ya para las Festes de la Terra de agosto— y que la de brigada de obras «se ha gastado el 80%», por lo que se tendrán que suplementar con otras partidas. Molina recordó que la deuda del Ayuntamiento de Vila, que asciende a los 23 millones de euros, se encuentra en un «ratio muy por debajo de la media de ayuntamientos españoles», lo que indica que la situación económica «es buena», aunque lamentó que se deba «a la falta de actividad» en la anterior legislatura.

El Ayuntamiento, además, cuenta con un remanente de tesorería de cerca de 17 millones de euros, que por ley deben destinarse a la amortización de la deuda o a inversiones sostenibles que no requieren de la ampliación de servicios municipales. Esta última opción es la que más atrae al nuevo Consistorio, ya que se destinaría el dinero a actuaciones como mejora de edificios públicos o asfaltados, aunque no se podrá asignar hasta el presupuesto de 2016.

Urbanismo

Respecto al nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), Rafa Ruiz, dijo que se están trabajando en dos líneas: una para que la aprobación inicial cumpla con el plazo marcado para abril de 2016 (cuando finaliza la suspensión parcial de licencias) y dos, encargar un estudio de viabilidad económica y ambiental.

Por otra parte, la teniente de alcalde Elena López, anunció que se aplazará el derribo de la antigua Delegación del Gobierno hasta octubre porque el vallado para las obras cubriría toda la acera, por lo que quitaría mucho espacio y sombra a los viajeros que cogen el bus en la parada que está justo enfrente. La edil también anunció varias medidas «urgentes» como el cambio de adoquinado por asfaltado en el tramo final de la calle Pere Francés, el vallado de un solar de Illa Plana o el cierre de la playa de es Pratet.