Roberto Sant Esteban, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas Vacacionales, minutos antes de la entrevista con Periódico de Ibiza y Formentera. | Toni Escobar

El sector de las viviendas turísticas vacacionales de Eivissa y Formentera llevaba una década luchando por la regulación de su sector. Hace tres años lo consiguieron y tanto el Consell d’Eivissa primero, como el Govern después impulsaron un reglamento de estancias turísticas que ordena el sector. El proceso de legalización de viviendas turísticas (unifamiliares, no adosados ni pisos) incluye un único pago de 600 euros por dar de alta la vivienda, que debe cumplir los requisitos marcados en el reglamento de la Ley Turística, y pasa a estar legalizada un periodo de seis años.

—¿Cuántas viviendas turísiticas vacacionales se han legalizado hasta el momento?

—En los últimos cuatro meses entre cuatro comercializadores se habrán podido legalizar alrededor de 150 viviendas. Podemos estar ahora sin temor a equivocarnos en torno a unas 1.800 viviendas vacacionales legalizadas. Aún así sigue quedando una bolsa de viviendas que están fuera de la legalidad y que no pretenden alquilarlas durante mucho tiempo en el futuro sino más bien lo hacen en temporada alta y porque tienen necesidades económicas. Esto es intrusismo.

—¿Se ha estancado el proceso de legalización?

—Pienso que no, al contrario, más bien se mantiene y la gente sigue preguntando e interesándose por qué tiene que hacer para legalizar sus viviendas como turísticas.

—¿A cuánta gente da empleo el sector?

—Una de las cosas más importantes que hemos conseguido con la legalización de viviendas turísticas vacacionales es el poder desgravarse los gastos de los servicios turísticos que se dan. Se contratan jardineros, limpiadoras y se contratan a través de empresas, por lo que hay un movimiento de empleo bastante interesante. En lo que deberían incidir Hacienda y el Consell es en los extranjeros no residentes que alquilan viviendas turísticas y muchos de ellos no están dados de alta. El sector legal calculamos que está dando trabajo directamente a unas 600 personas a lo que hay que sumar los empleos indirectos.

—¿Se ha incrementado el intrusismo?

—Sí que ha subido más. En Eivissa existe la sensación, y dicho por todo el mundo, de que parece que todo vale. Como existe esta percepción, todo el mundo viene a la isla pensando que puede hacer lo que les dé la gana sin ningún tipo de problema, desde camareros, reponedores de supermercados, secretarios de dentista... todos alquilan pisos y casas sin ningún tipo de seguridad ni responsabilidad, alejados de la ley. Además, tenemos el problema de las casas de los extranjeros que no liquidan ni pagan impuestos en España, por lo que esta gente no está generando empleo en el sector.

—Uno de los principales problemas de intrusismo al que se enfrentan son las estafas por internet, ¿se han incrementado?

—Hemos notado que siguen estando ahí. Nosotros hemos denunciado más casos y hemos tenido que hacer múltiples denuncias de viviendas que comercializamos en exclusividad en varias agencias y que estaban siendo ofrecidas con nuestros textos y fotos en diversos medios y portales de internet que todo el mundo sabe cuáles son y allí no exigían ningún tipo de contrato de comercialización ni licencias y, además, ofrecían las viviendas a un precio un 50% más barato de los precios reales. Hemos hecho reservas de éstas, hemos hecho pagos para identificarlos y hemos denunciado ante la Guardia Civil, al menos, una docena de casos.

—En la patronal Pimeef, la Asociación de Catering vuelve a recurrir este año a los detectives privados, ¿en AVAT se han planteado hacerlo?

—Se podría hacer y estamos dispuestos a ello, pero debemos tener un compromiso de las autoridades de que actuarán. Poner dinero por parte de los comercializadores para contratar detectives privados sería muy fácil, pero si luego vemos que no se actúa lo único que haremos es desesperarnos un poco más.

—¿Falta compromiso por parte de las autoridades para atajar el intrusismo?

—Una cosa es el compromiso y otra cuestión son las posibilidades y los medios. El compromiso es importante, pero luego faltan medios, falta personal para perseguir las infracciones y el intrusismo. Hay seis inspectores para todo el ámbito turístico.

—¿Qué le piden a los nuevos gobiernos del Consell, Govern y ayuntamientos?

—Sobre todo que incidan en la limpieza de la isla, de las playas, en el control de la seguridad, la mejora de los transportes públicos tanto de autobuses como de taxis y que apoyen la comercialización de este sector.

—¿Qué opina de que vuelva la ecotasa?

—Pienso que es algo beneficioso para la isla, siempre y cuando se aplique a todos los turistas por igual y que no seamos nosotros, los establecimientos y empresarios, los recaudadores porque es un problema a la hora de recaudar, entregar y que se aplique correctamente. Pienso que es beneficioso para la isla siempre que lo recaudado se aplique en cuestiones del día a día, no en grandes macroproyectos que nunca llegan a concluirse. Por ejemplo, en mejorar la limpieza, cuidado de jardines, quitar cables...cuestiones del día a día y que son las que el turista y el residente ve.

—El nuevo Govern quiere regular la oferta extrahotelera (pisos y adosados), ¿está a favor?, ¿podría suponer más competencia para el sector que representa?

—La normativa turística para legalizar apartamentos como turísticos implica que tiene que ser un edificio completo con su recepción, su oficina, sus servicios turísticos...es decir, con un único uso turístico. Si el uso turístico de un apartamento lo extrapolas a un edificio donde el 60% o más son personas residentes todo el año, que estudian, trabajan, tienen niños y madrugan es cuando vienen los problemas. Éste es el principal problema, que es difícil regular la combinación de usos residenciales y turísticos en un mismo edificio. El segundo problema está en el control fiscal y en las exigencias de calidad turística; no puede ser que una parte del sector turístico pague impuestos por la actividad y tenga que cumplir unos requisitos de calidad y el resto no. Si hubiera una fórmula que pueda ser compatible y factible y que no moleste a la vida diaria de los residentes podríamos analizar y estudiar la legalización de pisos a turistas, pero mientras tanto somos contrarios a que se haga. Además, el sector turístico debe mantener y hacer cumplir unas exigencias de calidad.

—El Consell d’Eivissa no descarta recuperar los convenios con las aerolíneas, ¿qué opina de esto?

—En Pimeef se está analizando y estudiando una propuesta que estamos trabajando en la asociación y que impulsamos junto con Pimeef Restauració, que es la esponsorización de vuelos en invierno a cambio de bonificaciones fiscales. Podríamos conseguir que muchas empresas de Pimeef pudiesen ayudar a financiar y apoyar a las autoridades para atraer más vuelos en invierno.

—¿Qué se podría mejorar del reglamento de viviendas turísticas vacacionales?

—Hemos luchado más de 10 años para conseguir esta normativa específica y hace tres años lo conseguimos. Tenemos un poco de dudas sobre lo que pueda pasar con los nuevos gobiernos, pero creemos que la ley está bien elaborada y no hay por qué cambiarla. Se podría mejorar, eso sí. Hemos conseguido que todas las viviendas legalizadas estén obligadas a dar servicios turísticos, pero aún así nos gustaría que se especificase más algunos aspectos y exigir una serie de calidades. Por ejemplo, que sea obligatorio tener wifi en las casas, cajas de seguridad, aparatos de sonido, televisión por vía satélite, toallas de piscina...y otros elementos que por los precios que se pagan en Eivissa, que son más caros que en el resto de islas, se deberían incluir.

—¿En cuánto son más caras las viviendas de Eivissa que las del resto de Balears?

—A grandes rasgos en torno a un 20% más caras que en el resto de Balears. También estamos bastante por encima del resto de la Península y de España.