Asuntos Sociales. Santiago se reunió ayer con Vicent Torres, Lydia Jurado, Lola Guirao, directora insular de Benestar Social; Juan Manuel Rosa, director general de Dependència, i Bel Nora, secretaria general técnica de la Conselleria. | Toni Escobar

El Govern balear pretende aumentar la oferta asistencial en residencias de Eivissa concertando plazas privadas. «La intención es intentar ocupar todas las plazas públicas que tengamos y después hacer una oferta a la privada, pero no hay prevista la construcción de nuevas residencias en Eivissa porque con las que hay no es necesario», comentó ayer la consellera balear de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago.

De acuerdo con el calendario establecido por los anteriores gobernantes, en Can Raspalls debían abrirse en el segundo trimestre del año 14 plazas (hasta llegar a 29) y 12 plazas de las 36 previstas para personas con discapacidad psíquica. Las 24 plazas de discapacidad restantes deberían abrirse a lo largo del trimestre actual.

Durante su estancia en Eivissa, Santiago aprovechó para visitar las residencias de Can Blai (Santa Eulària) y Can Raspalls (Sant Jordi), cuya gestión depende del Govern balear a través de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència desde el 1 de enero de este año.

Gestión residencias

En el Consell d’Eivissa la consellera Fina Santiago se reunió con su homóloga insular, Lydia Jurado; y el presidente Vicent Torres, quienes estudiaron la posibilidad de que la máxima institución insular vuelva a gestionar las residencias en una fecha todavía sin concretar. «Tenemos la voluntad de que el Consell gestione las residencias progresivamente, con una financiación correcta», apuntó Santiago.

Para ello, el primer paso será cuantificar el coste real de los centros, que para este año está presupuestado en 3.425.000 euros para la residencia de Can Blai y 2.218.000 euros para la de Can Raspalls. «Por una parte necesitamos una capacidad de gestión y, por la otra, una financiación adecuada, porque con la ley de financiación de los Consells es insuficiente», destacó Vicent Torres.

En cuanto a la posibilidad de que la residencia Sa Serra (Sant Antoni), que en actualmente está en manos de la empresa Novaedat desde diciembre de 2014, también sea gestionada de manera pública, la consellera Santiago apuntó que «respetaremos el contrato pero no es un tema que hayamos abordado porque no es prioritario. Pero sí que haremos un seguimiento para que todos los compromisos que se asumieron, se cumplan». El Govern adjudicó la residencia Sa Serra a Novaedat por un plazo de dos años, un contrato que puede prorrogarse dos años más.

Deuda del Govern

También destacó la buena voluntad del Govern para pagar este año la deuda que tiene con el Consell por la liquidación del Consorcio Sociosanitari y que asciende a casi dos millones de euros. La mejora de los recursos destinados a la atención de las personas con problemas de salud mental o la elaboración de un plan de actuación específico contra la pobreza, también fueron cuestiones que se trataron en la reunión de ayer en el Consell d’Eivissa.