La Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta y Discotecas de Balears (Abone), que agrupa a unos 40 establecimientos, se reunió ayer con el presidente del Consell, Vicent Torres, y el alcalde de Vila, Rafa Ruiz, para reclamar que se tomen las medidas necesarias contra el intrusismo y la competencia desleal que sufre el sector del ocio «desde hace muchos años».
El presidente de la agrupación, Jesús Sánchez, que acudió al encuentro con representantes de las grandes discotecas como Pacha, Privilege, Amnesia, Space o Edén, alertó de que Eivissa ha alcanzado «niveles de caos», donde «todo el mundo puede hacer lo que quiera», lo que ha provocado que haya una «masificación de actividades ilegales», especialmente en el municipio de Sant Josep.
Según aseguró, la solución pasa por la «voluntad política» de los gobernantes para aplicar la normativa que ya existe. De momento, explicaron que cuentan con el compromiso del Consell d’Eivissa para crear una comisión o grupo de trabajo este invierno que permita «normalizar la situación» de cara a la temporada que viene con una hoja de ruta que se pueda aplicar «de una forma contundente, seria y con sentido común». «No esperamos grandes cambios a corto plazo, porque todos conocemos las limitaciones que tienen las instituciones, pero es un proceso que debe dar resultados a medio y largo plazo», apuntó Sánchez.
Denuncias
La asociación entregó un dossier al presidente del Consell en el que detallan la situación y las reivindicaciones del sector y en el que se incluye un cuadro de denuncias «históricas» que han interpuesto a diez establecimientos que incumplen la normativa en materia de ruido, aforo o actividad. «Se siguen cometiendo irregularidades tan flagrantes como reunir a miles de personas en establecimientos que tienen aforo para 65», denunció Sánchez, que también criticó la permisividad que tienen otros negocios, como beach clubs o hoteles concierto, donde se permite, por ejemplo, la música al aire libre. «Nos tratan peor que a los que no están regulados», lamentó.
Sánchez reconoció que no es un problema de ahora y que en 2014 y 2015 no han puesto denuncias porque llegaron a un «pacto» en 2013 con el Ayuntamiento de Sant Josep para dejar de «presionar» porque los establecimientos se estaban regularizando, aunque según aseguró «las cosas no han cambiado» y son los mismos los que cometen irregularidades desde hace años.
Entre sus reclamaciones, piden la modificación de algunos puntos de la Ley Turística para regular los beach clubs, ya que «se permite que el chiringuito de playa de toda la vida se convierta en una discoteca al aire libre», así como otras actividades como los alquileres turísticos, el todo incluido o los party boats.
Consumo
Por otra parte, Sánchez explicó que el consumo interno de las discotecas ha descendido un 13,5% y lamentó que son los únicos locales donde se tributa al 21% lo que «marca la diferencia» con los beach clubs que aplican un IVA del 10%. «Nos quitan espacio de negocio y clientes», lamentó el presidente de Abone.
2 comentarios
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Olé: Contundencia, contra las ilegalidades tanto fuera de las discotecas como dentro, y más si son dañinas al entorno y a los habitantes.
A ustedes lo ilegal no les parece mal,lo que pasa es que les quitan cuota de mercado y eso no lo pueden consentir.Y eso que los beach clubs pagan impuestos,aunque se salten algunas ordenanzas,pero no vengan con cuentos que son los primeros que permiten actividades ilegales en sus locales como la venta de drogas o el transporte ilegal (famosos piratas)que no pagan ningún impuesto en la isla y eso no les importa porque atrae clientes a sus negocios.Menuda estampa en las discotecas de la carretera a San Antonio.Si no empiezan por ustedes mismos,a otro perro con ese hueso.