Imagen de la sesión plenaria celebrada ayer en el Ayuntamiento de Sant Antoni.

«Queremos hacer constar nuestro total desacuerdo con esta medida porque pagamos unas tarifas carísimas». Así se expresaba ayer ante el pleno Rafel Costa, tesorero de la Asociación de Vecinos de Can Germà y Cala Salada, después de que se aprobara la anulación del proceso de municipalización del servicio de suministro de agua potable que la empresa Vicente Vedrané S.A. ofrece a 439 abonados, entre ellos un hotel, en las zonas de sa Capella, Residencial Cala Gració, Stella Maris, Cala Gració, Cap Negret, es Pujolet, Can Coix, la urbanización Loma Pinar y Can Germà, y Punta Galera.

Los vecinos de Can Germà dieron entrada en el Ayuntamiento de un escrito en el que hacen constar su descontento con la decisión y piden al equipo de gobierno que reanude la compra de la red de suministro de agua. Esta medida habría rebajado sustancialmente el precio que pagan los vecinos por el suministro del agua.

Prioridades

«Queremos centrar la inversión en nuestra red municipal, después volveremos a estudiar el proyecto. Nuestra red tiene una eficiencia del 76%, de cada cuatro litros que pasan por las tuberías se pierde uno. Cada gota que se pierde es una vergüenza», explicó el teniente de alcalde Pablo Valdés para justificar la decisión, que fue respaldada por el equipo de gobierno tripartito mientras que el PP se abstuvo, pese a que en la legislatura anterior fueron quienes promovieron la municipalización del servicio. «Consideramos que hemos quedado olvidados por el actual consistorio y también queremos recriminar al Partido Popular que hoy se haya abstenido, pensamos que tendrían que haber votado en contra y ser consecuentes con sus medidas», apuntó Rafel Costa.

Por su parte, el alcalde Pep Tur ‘Cires’ explicó que «en el pliego de condiciones que se está redactando está previsto que se pueda municipalizar [el servicio] en el momento oportuno. La idea de este equipo de gobierno es que se municipalice todo el agua del municipio cuando sea posible, pero en estos momentos el ayuntamiento no puede atender esta inversión por su situación financiera y teniendo en cuenta que hay otras más prioritarias».

Horas extra

Por otro parte, el Partido Popular denunció el pago de 659,7 y 722,8 euros a los dos cargos de confianza del equipo de gobierno (jefa de prensa y gerente de deportes) en concepto de horas extra «sin justificar en ningún momento cuántas horas se realizaron y en qué días».

La regidora ‘popular’ Lidia Prats pidió explicaciones al equipo de gobierno por dos decretos firmados el 14 de julio por la concejal de Gobernación, Aída Alcaraz, en los que abre una providencia para que se paguen horas extra a los dos cargos de confianza tan solo diez días después de que empezaran a trabajar en el Ayuntamiento de Sant Antoni.

Los regidores del PP aseguran en un comunicado que «jamás» los cargos de confianza habían recibido retribuciones en concepto de horas extra y dudan de que «no se trate de un abono encubierto a estos trabajadores a su supuesto sueldo rebajado», algo que, a su entender, resultaría «escandaloso».

La concejala Alcaraz no quiso explicar los pormenores de este asunto en el pleno e invitó a los ‘populares’ a aclarar la cuestión en comisión ya que «lleva mucha información adjunta».