La proposición no de ley presentada por el Partido Popular fue defendida por el diputado Vicent Serra, quien aseguró que «Autoritat Portuària no sólo tiene que valorar la parte económica sino fundamentalmente la historia y la actividad del Club Náutico de Eivissa, y la interpretación de la ley permite esta posibilidad».
Serra recordó el ejemplo de Maó, donde la gestión del Club Marítimo se dejó en manos de una entidad privada que se encuentra en quiebra. «No queremos que pase como en otros sitios donde se prometieron inversiones y actividades deportivas que no se hicieron, y ahora se tiene que afrontar una quiebra. La historia no tiene que repetirse», apuntó el diputado ibicenco, a la vez que destacaba que «ser una entidad sin ánimo de lucro es un requisito esencial exigido en las bases de los concursos de Autoritat Portuària y, por lo tanto, quien no lo cumpla tendrá que ser descartado».
Por su parte, el diputado socialista Xico Tarrés señaló que «queremos que el Club Náutico sigua por historia, por tradición y porque es justo». «Estamos aquí defendiendo al Club Náutico con miedo a que venga un club de fuera constituido hace tres meses y se lo quede porque el criterio que prime sea el económico». Tarrés alertó de que si esto sucede, el precio que pagarían los amarristas sería más elevado que lo que pagan actualmente los socios del Club Náutico de Eivissa.
Traspaso de los puertos
El portavoz del Pi, Jaume Font, abogó por el traspaso a la Comunitat de los cinco puertos de interés público que gestiona el Estado en Balears (Palma, Eivissa, Maó, la Savina y Alcúdia) ante la limitada capacidad de decisión de las instituciones baleares en estas infraestructuras.
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