El Govern balear ha aprobado durante el día de ayer medidas para combatir los efectos de la sequía.

El Govern balear aprobó ayer un paquete de medidas provisionales para combatir la sequía extraordinaria de Eivissa, según anunció ayer el portavoz del ejecutivo, Marc Pons, tras la reunión del Consell de Govern.

Las medidas, que se aplicarán de manera inmediata y que se ampliarán con un decreto consensuado, consisten en reducir en un 15% el volumen de extracciones, excepto en la agricultura, que será del 10%, y en el abastecimiento de la poblaciones, que no sufrirán restricciones.

Estas iniciativas, que entrarán en vigor en cuanto se publiquen en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB), se ampliarán y se desplegarán mediante un decreto que se tramitará con carácter de urgencia y que se consensuará con los ayuntamientos.

Al ser preguntada ayer por esta cuestión, la vicepresidenta del Consell d’Eivissa, Viviana de Sans, se mostró «encantada» con la aprobación del decreto aunque pidió para su aplicación «cautela y sentido común». «Pensamos que ya era hora porque llevábamos años pidiendo que se impulsara. Hay que lograr parar el malgasto y el mal uso del agua y hacerla servir para las cosas necesarias. Tenemos que impulsar medidas encaminadas a una correcta gestión de un recurso tan necesario y tan escaso como es el agua en nuestra isla», indicó De Sans.

Mientras tanto, desde el Govern explicaron que Eivissa vive una situación «crítica» con respecto a las reservas de agua, consecuencia de dos factores: la falta continuada de precipitaciones –de acuerdo con los índices publicados la situación hidrológica es de alerta de sequía– y la sobreexplotación de los acuíferos.

Esto obliga, por una parte, a adoptar medidas temporales que permitan incrementar el agua disponible hasta que los niveles de reserva mejoren. Además, se deben poner en marcha las medidas administrativas necesarias que permitan corregir esta situación mediante la limitación y la restricción de los aprovechamientos.

Esta norma también recoge la suspensión de la tramitación y del otorgamiento de nuevas autorizaciones y concesiones de uso y la obligatoriedad de los suministradores de agua, incluidos los de venta en camiones, de utilizar agua desalada en temporada baja (cuando sea viable). Asimismo, se suspende la tramitación y el otorgamiento de nuevos pozos de agua en la isla.