El juzgado de primera instancia número 9 de Palma ha estimado de manera parcial la demanda presentada por tres vecinos afectados por los vertidos de la antigua gasolinera de Santa Gertrudis, cuya sentencia penal se dictó en el año 2011 y en la que la Audiencia Provincial absolvió al propietario por entender que los responsables eran los técnicos (algunos de los cuales no habían sido encausados) que habían intervenido en el proyecto y proceso de construcción de la gasolinera y no el propietario. Tras concluir el proceso penal existía la posibilidad de recurrir a la vía civil para reclamar daños y perjuicios contra quienes habían sido encausados o bien contra cualquier responsable, razón por la que estos tres vecinos reclamaron indemnizaciones económicas a los ingenieros que redactaron el proyecto y dieron el final de obra.
Las cantidades
Inicialmente, Mª del Carmen Torres de la finca Can Pere Torres, los señores Suñer y Torres de la finca Can Joan d’en Torres, y Catalina Roig de la finca Can Uliva (que tienen los pozos número 9, 13 y número 120, según el sistema de clasificación de la Dirección General de Recursos Hídrics del Govern) solicitaron indemnizaciones por valor de 617.802 euros «por los daños sufridos por los demandantes a consecuencia de la fuga de hidrocarburos producida en esta estación de servicio». Los tres vecinos pedían que los dos ingenieros (la responsable que redactó el proyecto y, por otro lado, el que dio el final de obra) pagaran esta cantidad, pero esta última sentencia absuelve a la ingeniera responsable del proyecto porque no se la citó en el procedimiento penal y porque ha prescrito al haber pasado 10 años, mientras que ordena que el profesional que dio el final de obra y su aseguradora paguen la cantidad de casi 300.000 euros a los tres vecinos (193.161 euros a la señora Torres Roig, a los señores Suñer y Torres la cantidad de 51.479 euros y a la señora Roig Roig la cantidad de 46.103 euros).
Las partes afectadas podrán presentar un recurso de apelación en 20 días. La abogada que defiende a los tres vecinos, la letrada Ana Groizard (de Puntlegal Abogados), explicó que estudiarán si recurrir la cuantía económica y que recurirrán ante la Audiencia Provincial la absolución de la ingeniera que redactó el proyecto.
Los tres vecinos que denunciaron por daños y perjuicios económicos mostraron su satisfacción al conocer esta sentencia ya que, según expresaron, «se ha hecho justicia después de 14 años». La letrada que representa a estos tres afectados recordó que tras la sentencia penal existía la posibilidad de reclamar por la vía civil daños y perjuicios económicos y esto es lo que hicieron estos tres vecinos de la zona al considerar, entre otros motivos y según la argumentación de la defensa de los vecinos afectados en base a un informe de un ingeniero agrónomo especialista en economía agraria, el coste de la reposición de agua para consumo doméstico (es decir, ante la imposibilidad del uso doméstico del agua por contaminación del pozo se vieron obligados a comprarla), así como por el lucro cesante «ocasionado por la imposibilidad de realizar la actividad de venta de agua en camiones». Otro de los motivos argumentados para reclamar estas indemnizaciones se centra en el lucro cesante por la imposibilidad de ejercitar la actividad agraria, así como por tener que comprar y mantener un equipo de filtración que «garantice el uso futuro del agua», se extrae de la sentencia. A esto se suma la pérdida de valor de las fincas por el efecto de la contaminación.
La letrada recordó que en el procedimiento penal la gasolinera se subastó y se adjudicó a un nuevo propietario, que es quien gestiona de manera correcta la instalación actual y que es ajeno a todo lo que sucedió a principios del año 2000, cuando los vecinos detectaron los vertidos y los empezaron a denunciar ante el Govern, Consell y Fiscalía.
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