Roger Sales, en primer término durante la reunión de los sectores implicados en la lucha contra el taxi ilegal. | Arguiñe Escadón

La comisión de control del intrusismo en el sector del taxi, constituida ayer en el Consell d’Eivissa, puso sobre la mesa algunas de las propuestas que buscan acabar con el transporte ilegal en la isla. Mejorar la coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad y entre los taxistas de los cinco municipios, duplicar el número de inspectores del Consell y agilizar los trámites de sanción son algunas de las propuestas consensuadas para tratar de erradicar la presencia de taxistas ‘pirata’ en Eivissa.

En la reunión, que se prolongó durante tres horas, participaron alrededor de 40 representantes de las 16 asociaciones de taxistas que hay en la isla; los cinco municipios y el Consell d’Eivissa; responsables de AENA; el director insular del Estado, Roger Sales; o las distintas patronales implicadas.

Medidas y propuestas

La primera medida fue precisamente crear un grupo de trabajo que se reúna periódicamente para poner en común la problemática y trabajar para buscar soluciones. La consellera de Territori i Mobilitat, Pepa Marí, reconoció que su principal objetivo es duplicar el número de inspectores para pasar de tres a seis. También solicitó una mayor coordinación entre los ayuntamientos y los cuerpos de seguridad del Estado, así como en los protocolos de actuación y el modus operandi para detectar y sancionar ‘piratas’.

En el encuentro, según destacó Marí, se llegó a la conclusión de que el colectivo de taxistas «bien organizado y más unido sería más efectivo a la hora de cubrir servicios y de tener la isla más cubierta».

«La solución pasa por conseguir más medios y por la coordinación entre todas las administraciones y los taxistas, porque ellos mismos se dan cuenta de que unidos y planteando propuestas pueden conseguir más», subrayó Marí, quien admitió que otra de las prioridades es «simplificar los trámites» y dotar a los inspectores que están en la calle «de medios para que en el mismo momento puedan cobrar la multa». Marí explicó que, desde que ostenta el cargo, se han iniciado 321 expedientes de sanción, «muchos de ellos de 2012 y a punto de caducar», y que se han recibido 230 denuncias. «Faltan inspectores y falta simplificar los trámites para ponernos al día y que no se acumulen los expedientes», denunció. También solicitó más refuerzos policiales en verano y lamentó que algunos agentes no pueden venir a la isla por la falta de pisos.

En el encuentro se acordó regular el llamado ‘servicio propio’ de los establecimientos hoteleros y de ocio que, según la ley, no se puede cobrar, algo que resulta difícil de demostrar ya que en ocasiones se cobra como un extra de algún otro servicio. Por último, se propuso impulsar un plan de movilidad para que los ayuntamientos regulen el servicio de taxi en las principales discotecas de cada municipio.