La Consellería de Salud ha expresado este miércoles su rechazo al decreto del Gobierno central que regula la prescripción enfermera y prohíbe la indicación de medicamentos y material sanitario por parte de este colectivo.

Según defiende la Conselleria en una nota de prensa, la norma anula la autonomía de los profesionales y restará agilidad en la atención a las personas.

La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha defendido la capacitación de las enfermeras y enfermeros, y ha lamentado que la nueva normativa les impida llevar a cabo de forma autónoma cientos de actuaciones que hasta ahora han realizado con normalidad.

Ante la aprobación del real decreto, Salud recalca que esta medida no solo no soluciona el problema de vacío legal que afectaba a la actividad del personal de enfermería, sino que agrava su situación, al imponer una prohibición que resta «sin motivo alguno autonomía a los profesionales que están realizando una labor asistencial con probada formación y eficiencia».

Por este motivo, la Conselleria reivindica el desarrollo de las competencias reconocidas a los enfermeros en su programa curricular de grado universitario, incluida la prescripción, y propone el desarrollo del decreto 52/2011, de 20 de mayo, que regula en Baleares la actuación del personal de enfermería en el ámbito de la prestación farmacéutica del sistema sanitario público.

El decreto aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de octubre, que aún no está publicado en el BOE, establece que los médicos, odontólogos y podólogos son los únicos profesionales con facultad para recetar.

Por lo tanto, los enfermeros, a pesar de contar con la misma formación acreditada que odontólogos y podólogos, no podrán administrar legalmente ningún medicamento si no hay previamente un prescriptor que diagnostique al paciente y determine el protocolo a seguir.

Según el Govern, esta decisión tendrá consecuencias directas para los enfermeros porque se les prohibirá realizar cientos de actividades cotidianas sin la autorización previa de un médico; para los facultativos que verán aumentado su volumen de trabajo por tener que autorizar productos necesarios en procesos asistenciales, y para los usuarios que notarán un empeoramiento en la atención.

Por todos estos motivos, la Consellería de Salud rechaza la norma que ha aprobado el Gobierno central.