¿Qué ha ocurrido en las últimas décadas para que un barrio familiar poblado por ibicencos se haya convertido en una favela con dificultades para imponer la ley?

Hasta principios del siglo XX, sa Penya fue residencia de marineros y pescadores y de payeses que se trasladaron a vivir a la ciudad. En los años 30 del siglo pasado llegaron los primeros extranjeros y fue a partir de los 70 cuando comenzó el envejecimiento de la población y el deterioro de las viviendas. El turismo hizo aumentar el poder adquisitivo de los ibicencos, que cambiaron las estrechas casas de sa Penya, que no tenían agua corriente ni cuarto de baño, por apartamentos más amplios del Eixample.

Según explica la geógrafa Rosa Vallès en el libro Sa Penya, fue a partir de ese momento cuando «una oleada de inmigrantes de bajos recursos y costumbres diferentes empezó a ocupar las viviendas libres», lo que aceleró la salida de los últimos residentes ibicencos.

Lina Torres es una de ellas. Nació en el barrio y lo abandonó cuando se casó a los 21 años. Lina cree que la situación actual del barrio es fruto de un «error colectivo» de los actuales vecinos, de las instituciones pero también de los antiguos pobladores. «Los ibicencos vendimos nuestras casas porque no teníamos visión de futuro. En lugar de unirlas para hacer viviendas más grandes, nos fuimos a otras zonas», explica. Lina vivía en la calle Alta, «la calle de las casas buenas» en su momento y que ahora se ha convertido en una de las más peligrosas. En el pasado, la vida en el barrio transcurría en la calle. «Unos cosían en la calle, otros escuchaban la radio. La gente se ayudaba mucho e incluso en verano dormíamos con las puertas abiertas, algo impensable ahora», cuenta.

Lina Torres reconoce que hace años que no pisa el barrio porque le da mucha pena ver la situación en la que se encuentra. Antiguamente, recuerda, los vecinos mantenían las calles y las fachadas impecablemente limpias y blancas.

Aún así, no cree que la solución sea echar a los gitanos que ocupan las viviendas del barrio siempre que «respeten las normas y mantengan las calles limpias». Lina critica que sa Penya sea la gran olvidada y que todo el dinero se destine a Dalt Vila. «¡Mirad abajo!», exclama en referencia a los políticos de la isla. «El barrio de compone de 6 o 7 calles y solo una o dos son verdaderamente conflictivas. Tampoco tiene que ser tan difícil», señala.

La misma opinión comparte una de las vecinas actuales de sa Penya, una holandesa que no quiere que su nombre se publique por temor a sus vecinos. Para ella, el gran problema aquí es la basura y el mal estado en el que se encuentran las calles.

Asegura que este mismo verano muchas viviendas de sa Penya no tuvieron durante meses agua durante todo el día y se queja de que el camión de la basura solo pase una vez a la semana y que muchos contenedores estén inservibles.

«Compré hace 21 años mi casa porque pensaba que el barrio iba a cambiar pero, a pesar de las promesas, todo sigue igual. La Policía está pero no hace nada», explica. Su día a día desde entonces transcurre entre insultos de sus vecinos. Los últimos que recibió fue los de un drogadicto que se estaba inyectando en plena calle al que pidió que dejara de hacerlo cuando caminaba con su nieto de 4 años hace tan solo unos días.

Compara el estado de sa Penya con la de otros barrios situados junto al puerto de diferentes ciudades mediterráneas que están «limpios y perfectos». «Aquí encontramos favelas a los pies de una zona que es Patrimonio de la Humanidad».

A pesar de eso, tanto la holandesa como la ibicencia no creen que todo sea negativo. «También hay gente buena. El problema es la educación que han recibido». Según dicen, la solución «no es que se vaya nadie», sino que el ayuntamiento «haga cumplir la ley y les obliguen a no tirar la basura en la calle». Lina Torres sentencia: «Querer es poder y si las instituciones verdaderamente quieren podremos volver a tener algún día un barrio precioso».


LA NOTA

El futuro de sa Penya, en los tribunales

El TSJB estimó parcialmente el pasado octubre el recurso presentado por el Ayuntamiento de Vila para desalojar unas 40 viviendas ocupadas ilegalmente. Aunque la decisión retrasa las actuaciones previstas en el barrio, es un primer paso para que el consistorio pueda rehabilitar el barrio reformando las viviendas más degradadas para destinarlas después a alquiler social.