A última hora de la tarde la máquina ya trabajó en el interior del edificio. g Fotos: DANIEL ESPINOSA | DE

Ni la lluvia que caía ayer en Vila a primera hora de la mañana impidió que la máquina de la empresa Excavaciones y Demoliciones Medina empezara el derribo de la antiua Delegación del Gobierno, situada en la avenida de Isidor Macabich, entre las calles Arzobispo Cardona Riera y Madrid, por las que no se puede cir cular ya que están cortadas al tráfico.

Precisamente, los trabajos empezaron ayer en esta última calle, ante la curiosa mirada de los pocos viandantes que a esa hora caminaban por la ciudad paraguas en mano y de algunos vecinos del edificio contiguo, que observaban atentamente las labores de la maquinaria encargada de acometer el derribo. Desde el Consistorio esperan que mañana se den por terminados los trabajos de demolición de la antigua estructura.

De momento, a última hora de la tarde de ayer gran parte de la fachada lateral del edificio que da a la calle Madrid habían sido convertida en escombros.

Futuro

El solar que alberga la infraestructura tiene una superficie de 1.000 metros cuadrados y acogerá provisionalmente 50 plazas de aparcamiento. No obstante, la intención del actual equipo de gobierno es que en un futuro se levante allí un auditorio. Un proyecto sobre el que, según aseguró ayer el alcalde Rafel Ruiz, ya se está trabajando.

El solar, que había sido propiedad del Estado, fue adquirido por el Ayuntamiento de Vila en 2014 mediante permuta. En la operación, Vila cedió la antigua escuela de Sa Graduada (2.100 m2) y recibió el solar de la antigua Delegación del Estado (1.000 m2) y el inmueble de los juzgados (780m2), así como 303.1195 euros como compensación por diferencias de valor, dado que la tasación de la finca aportada por el Ayuntamiento ascendía a 5.962.592 euros, mientras que los dos solares aportados por el Ejecutivo central estaban valorados en 5.659.397 euros.

El edificio permanece abandonado desde finales de los 90, cuando se detectaron en su estructura deficiencias que hacían inviable su conservación, motivo por el que la Dirección Insular del Gobierno se trasladó a otra ubicación.