La desaladora de Santa Eulària lleva varios años construida pero todavía no ha entrado en funcionamiento por el conflicto entre concesionaria y administraciones públicas.

El Consejo de Ministros aprobó ayer la resolución de los contratos de concesión de obr apública para la redacción de los proyectos, construcción y explotación de la desaladora de Santa Eulària tras pagar 25,6 millones de euros. El Ministerio de Agricultura pone de esta manera a disposición del Govern la desaladora de Santa Eulària, así como la de Ciutadella en Menorca para que las ponga en marcha. «Tanto en Menorca como en Ibiza interesa poder contar con los recursos que aportan estas desaladoras para atender las necesidades y el abastecimiento de la población, dado el grave problema de escasez de recursos hídricos que sufre en la actualidad Balears. Estas dos infraestructuras constituyen una fuente de abastecimiento a su población local y turismo, además de contribuir a reducir la presión sobre los acuíferos baleares», según informó Agricultura ayer a través de un comunicado. La desaladora de Santa Eulària cuenta con una capacidad máxima de 4,8 hectómetros cúbicos al año.

«La resolución del contrato es imprescindible para que la desaladora pueda entrar en funcionamiento. El Consejo de Estado ha dictaminado la resolución del contrato de concesión y la estimación parcial de la UTE concesionaria al aprobar el pago de 25,6 millones de euros», precisaron desde Agricultura. El rescate de esta infraestructura se produce a raíz de un conflicto entre el ejecutivo estatal y los concesionarios de las obras que habían concluido tanto la desaladora de Santa Eulària como la Menorca, pero que estaban paradas al no estar recepcionadas. El conseller de Agricultura del Govern, Vicenç Vidal, se refirió ayer a este asunto en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern y apuntó que el Ministerio de Agricultura llevará a cabo una encomienda de gestión al Govern mientras se tramita el traspaso de las desaladoras a la comunidad autónoma, que tendrá que asumir las conexiones con la red de abastecimiento de agua, con un coste aproximado de cuatro millones de euros por desaladora.