La institución ha apuntado en un comunicado que su Consejo Ejecutivo ha aprobado el informe de alegaciones que presentará al anteproyecto de ley que prepara la Consellería de Presidencia del Govern balear.
Entre las enmiendas y precisiones realizadas por los servicios jurídicos del Consell, la institución ha destacado dos alegaciones. La primera hace referencia al artículo 15.4 del anteproyecto, "que dispone de la obligatoriedad de cargos y trabajadores públicos de comunicar a la Oficina de Lucha contra la Corrupción cualquier hecho que detecten y que pueda ser considerado constitutivo de corrupción o de conducta fraudulenta".En este punto, el Consell de Eivissa considera que se deben establecer medidas "que garanticen el anonimato del denunciante, de forma que se evite cualquier medida de castigo o represalia".
La segunda alegación se refiere al artículo 3 del anteproyecto, que detalla el listado de cargos que estarán sujetos a la actuación de esta oficina. Según el Consell, este apartado incluye a miembros, altos cargos y personal eventual del Govern balear, pero no hace mención a los cargos de los consells insulares. Por ello, ha pedido que "los altos cargos y el personal eventual de los consells también tienen que estar sometidos al escrutinio de esta Oficina".
La vicepresidenta del Consell, Viviana de Sans, ha celebrado que "el Govern balear ponga hilo a la aguja para poder desterrar, definitivamente, las prácticas corruptas dentro de la política".
En opinión de De Sans, la corrupción "se ha convertido en uno de los principales problemas que hemos sufrido en las Baleares, donde tenemos auténticos récords de corrupción política".
"Ahora ya no hay sólo buenas palabras contra la corrupción, sino que hay hechos. Cuando esta Oficina sea una realidad, tendremos una herramienta eficaz para garantizar una política y una gestión limpia", ha destacado la vicepresidenta del Consell.
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