La Audiencia Provincial ha anulado de primera instancia la sentencia que absolvió al exconseller de Patrimonio, Joan Marí Tur, al exdirector insular de Patrimonio, Antoni Arabí, al constructor, Matías Arrom Bibiloni y al director de obras, Sancho Álvarez por destrucción de yacimientos arqueológicos durante el proyecto de ampliación del segundo cinturón de ronda entre los años 2004 y 2006.
El 30 de junio del año pasado el Juzgado de lo Penal nº 2 de Eivissa absolvió, tras un año de celebrarse el juicio, a los acusados pero el Grupo d’Estudis de la Naturalesa (GEN) que denunció los hechos y ejerció de acusación particular recurrió ante la Audiencia Provincial.
Ahora el Tribunal de Justicia aduce, respecto a los acusados Matías Arom y Sancho Enrique “no haberse declarado probado o no probado si cuando tuvo lugar el hallazgo de la cisterna púnico romana dichos acusados pararon de inmediato las obras”. Respecto a los acusados Joan Marí y Antonio Arabí afirma “no haberse dado tampoco respuesta del hallazgo y destrucción, tanto de la cisterna púnico romana como del acueducto romano”.
Las obras se iniciaron el día 25 de octubre de 2004 sin que constase que la dirección general de obras públicas del Govern balear hubiese informado de ello a la conselleria de Patrimonio del Consell d’Eivissa tal y como se recuerda en la sentencia “le había sido requerido y como era su obligación”. En la misma se añade que la empresa adjudicataria “sin observar las más mínimas precauciones para el cumplimiento de las cláusulas contractuales, inició las obras dándose la circunstancia que en noviembre de 2004 se produjo la rotura de una cisterna púnico romana que se hallaba en Can Bufí”.
El Consell tras comprobar que no había seguimiento arqueológico recomendó la contratación de la empresa Posidonia, SL., cuyos integrantes eran dos arqueólogos y una tercera persona experta en la materia.
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