El Partido Popular de Eivissa denunció ayer que el decreto ley que prohibe edificar en suelo protegido hasta finales de 2017 «paralizará» el crecimiento económico, «la senda de bienestar» y «la creación de puestos de trabajo en Eivissa y el conjunto de Balears».
Según el presidente de los populares en Eivissa, José Vicente Marí Bosó, el Ejecutivo progresista vuelve a aplicar «antiguas» políticas de «incremento de impuestos, descontrol del gasto público y moratorias» que, en su opinión, conducen a una «parálisis, burocracia, arbitrariedad y más paro». Sobre la prohibición de construir en zonas ANEI de más 50.000 metros, aseguró que «no es lo más trascendente» del «decretazo ómnibus» y lo calificó como una medida «de maquillaje que da entrada por la puerta de atrás al modelo del presidente del Consell de pararlo todo, hacer siesta durante tres años y luego el que venga que lo arregle». «Se puede proteger, pero no prohibir», apuntó Mariano Juan Guasch, conseller del PP.
Marí Bosó condenó «la falta de consenso» en la aprobación del decreto ley y afirmó que el conseller balear de Territori, el ibicenco Joan Boned, «demuestra una voluntad deliberada de engañar a la gente, o lo que es peor, su ignorancia» al asegurar en una entrevista publicada este domingo en PERIÓDICO de IBIZA Y FORMENTERA que en las viviendas fuera de ordenación se pueden hacer obras de rehabilitación.
En este sentido, el coordinador insular de ordenación territorial del PP, Mariano Juan Colomar, advirtió de que los ayuntamientos dejarán de ingresar «millones de euros» en concepto de multas por la regularización de estas viviendas ilegales. «Existen muchas construcciones que son ilegales, que vienen de los años 60 y 70, y que las administraciones no podemos derribar. Es un problema real», que en opinión del concejal de Santa Eulària, trató de solucionar el PP con la conocida como amnistía urbanística. «Obligábamos a aplicar medidas correctoras y medidas estéticas a esas casas para reducir el impacto y, lo más importante, la recaudación de impuestos que había ante el ayuntamiento. Hablamos de millones de euros por construcciones que ya existían en suelo rústico y que no se pueden tocar». Según el edil popular, los ayuntamientos estaban recaudando «millones de euros en concepto de esta multa (que ascendía al 15% el primer año, 20% el segundo y el 25% este último año), además del impuesto de construcciones y las tasas correspondientes». En concreto, el Consistorio de Santa Eulària ha recaudado «unos 2 millones de euros» hasta el momento, apuntó Juan.
El concejal ibicenco apuntó que este dinero «debía ir por ley a política verde, medioambiental y de patrimonio público del suelo». Esta financiación para los ayuntamientos «sí era una verdadera ecotasa», subrayó el responsable de urbanismo de los populares, que insistieron en que el decreto genera «inseguridad jurídica» en materia de ordenación.
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La única salida de nuestro futuro consiste en fagocitar nuestros recursos. ¿Qué gran contradicción!, la senda de nuestro bienestar a costa de nuestra calidad de vida. Persistir en el ladrillo, los ruidos, la suciedad y la delincuencia. El último que cierre la puerta. Estamos desnaturalizados y hemos perdido la propia estima y el amor a la tierra. ¿Qué queda de aquel “menjar poc i paír bé?