El pleno del Ayuntamiento de Vila acordó ayer por unanimidad y a propuesta del PP, instar a la Autoritat Portuària de Balears (APB) a reservar como mínimo un 40% de los amarres de la dársena de Poniente para embarcaciones de base, es decir, para aquellas personas que utilizan el puerto durante todo el año.

Los populares, no obstante, aceptaron retirar el segundo punto de la moción que pedía que la subida de las tasas de la nueva concesionaria no se hiciera por encima del IPC. Según las explicaciones del primer teniente de alcalde, Alfonso Molina, una vez que la licitación está en marcha es «muy difícil a estas alturas de carrera cambiar de caballo». «La única solución sería interrumpir la licitación y empezar de nuevo, pero eso llevaría mucho retraso y tampoco arreglaría el problema», apuntó Molina, que detalló que la mayor parte de los amarres se reservan a embarcaciones de pequeñas esloras, como máximo de 15 metros. El edil recordó que la decisión final será de la concesionaria aunque confía que con «el peso del Ayuntamiento» y el «interés» de la APB para que el puerto se utilice todo el año, consegan que continúe teniendo vida también durante el invierno.

El concejal popular Joan Tur Ripoll exigió que la APB cumpla con su palabra y se comprometa «por escrito» a que no haya una «subida astronómica de los precios» y a que los amarres se destinen a los residentes. En este sentido, Molina aseguró que la empresa adjudicataria mantendrá unos precios «parecidos» y si no ocurre el Ayuntamiento buscará alternativas, como la habilitación de un puerto base para los residentes en la actual ubicación de las barcas de Formentera. Además, aunque no garantizó que no haya un incremento de precios, recordó que los amarristas tienen prioridad por ley en la nueva concesión.

El equipo de gobierno también anunció que un total de cinco empresas optan a la concesión de los 70 amarres de la dársena de Poniente y que el concurso, que se inició en octubre de 2015, se encuentra en la fase de apertura de sobres.