La contratación irregular de la directora técnica de seguridad, Ángeles Gallardo, sigue dando que hablar en Sant Antoni. Ayer, en un trámite que ni el propio interventor del Ayuntamiento entendió, el pleno aprobó, con el voto en contra del PP, anular un punto del acuerdo alcanzado en la sesión del 26 de noviembre de 2016 en el que se decidía «levantar el reparo formulado por la Intervención municipal» en relación a la creación de la plaza de la jefa de policía. Una actuación que el tripartito portmanyí llevó a cabo a raíz de un informe de la responsable de recursos humanos, según el teniente de alcalde Juanjo Ferrer.

«Todo este tema de la contratación de la señora Gallardo, que siempre nos ha parecido innecesaria e ilegal, y no entendemos qué estamos aprobando hoy», señaló la ?popular? Lidia Prats, quien pidió al Interventor que la sacara de dudas. «Yo no he preparado la propuesta del acuerdo y tampoco la entiendo muy bien. En cualquier caso, las anulaciones de acuerdo tendrían que explicar bien cuáles son los efectos e ir algo más fundamentada. Me ratifico en el informe emitido en su momento para el pleno de noviembre», apuntó el interventor Jorge Zurita, quien dijo desconocer las exigencias de la Delegación del Gobierno en este asunto. La Dirección Insular del Estado impugnará en los tribunales el ?fichaje? de Gallardo y solicitará la impugnación de su nombramiento al incumplir éste la Ley de Régimen Local, ya que fue contratada sin que su plaza estuviera creada y, por lo tanto, sin la dotación presupuestaria correspondiente.

«Es evidente que la contratamos con el reparo del Interventor, como otras veces se ha hecho en esta casa. Se incluyó en el presupuesto del mes de enero y entendemos que la petición de la Delegación del Gobierno está contestada, simplemente lo único que falta técnicamente es dejar sin efecto este levantamiento del reparo», explicó el alcalde Cires, quien añadió que Gallardo cobrará el sueldo de los dos meses que ha estado contratada de manera irregular ?«para nosotros no ha sido así», dijo Cires?. «Ha estado trabajando por el beneficio de todos y se tiene que pagar, era una necesidad para mejorar el funcionamiento de la policía y entendemos que si finalmente existe esta diferencia de criterio se dirimirá donde corresponda», sentenció Cires.

Pisos turísticos

El equipo de gobierno de Sant Antoni, a diferencia del de la ciudad de Eivissa, rechazó pedir al Govern balear la prohibición de los pisos turísticos en edificios de viviendas, como así solicitaba la moción presentada por el PP. «Pretendemos que el Ayuntamiento se manifieste rotundamente en contra de que en edificios pueda haber diez viviendas y siete apartamentos turísticos por los problemas de convivencia que provoca, la salida del mercado de viviendas de alquiler para todo el año y los problemas de explotación ilegal y competencia», explicó el portavoz de la oposición, Pepe Sala.

Sin embargo, y tras intentar que el PP aceptase una propuesta transaccional a su moción que abogaba por regular este tipo de actividad, el tripartito justificó su voto en contra porque «estando prohibidos los alquileres turísticos en la Ley Turística, el problema sigue existiendo», señaló Juanjo Ferrer.

En cambio, sí fueron aceptadas las mociones del Partido Popular relativas a la prevención de incendios forestales, en las que se pidió al Consell que tenga listo para antes del verano un espacio para la Unidad Militar de Emergencias (UME) o cualquier otro cuerpo de emergencia en sa Coma. También se aprobó por unanimidad solicitar al Govern que acabe las infraestructuras hídricas en Eivissa antes de la temporada turística.