Fomento del Turismo, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Ibiza y Formentera, la Federación Empresarial Hotelera de Eivissa y Formentera, la Pimeef y la CAEB han suscrito un documento en el que solicitan al Govern de Balears la reinversión de lo recaudado con el impuesto de la ecotasa en el mismo lugar donde se efectúe, o lo que es lo mismo, que la ecotasa que se recaude en las Pitiüses se quede en cada isla y no se reinvierta, por ejemplo, en Mallorca o Menorca lo que se ha recaudado en Eivissa y Formentera.

Mínimos

Además, las patronales turísticas solicitan que no se distorsione el buen funcionamiento de esta tasa, «habilitando márgenes que distorsionen el buen funcionamiento del impuesto. No debe hablarse de máximo y mínimo ya que la recaudación efectiva estará en función de la diligencia de las administraciones locales en cuanto a la oferta no reglada. Por tanto, no puede premiarse una actuación indolente, otorgando un mínimo a cada isla». Es decir, que las administraciones insulares recaudarán por el trabajo realizado y no podrán ingresar mínimos a los que no hayan llegado a ellos, en detrimento de otra administración insular que si haya hecho ese trabajo.

En concreto, las asociaciones y entidades turísticas solicitan que se modifique el artículo 51.3 del Proyecto de Decreto de desarrollo de la Ley 2/2016 que regula la ecotasa, para que cada isla disponga de los ingresos que correspondan al trabajo realizado en recaudación, sobre todo en el cobro de aquellas plazas turísticas que todavía no están regularizadas.
La llamada ecotasa 2.0, que en realidad es el Impuesto sobre Turismo Sostenible, que se aprobó el 22 de marzo con los votos a favor del Pacte, y que rechazó la oposición, empezará a aplicarse el próximo 1 de julio.

La cuota que tendrán que pagar los turistas varía desde los 0,25 euros por persona y noche de la opción más económica, a los 2 euros por turista y día de la más cara, que serán los turistas que se alojen en hoteles de cinco estrellas en plena temporada alta.

Los menores de 16 años, los que lleguen en programas de la tercera edad como el Imserso y los familiares de enfermos que tengan que desplazarse a otras islas para tratarse de sus dolencias, no pagarán.