Las elecciones celebradas el 24 de mayo de 2015 abrieron la puerta del Consell d’Eivissa a las fuerzas progresistas, una posibilidad que no dejaron escapar tras unas duras negociaciones que relegaron al PP a la oposición y auparon a Vicent Torres a la presidencia de la máxima institución insular.

Un año después, las relaciones entre los dos socios de gobierno pasan por el momento más delicado de la legislatura después de que la formación de la vicepresidenta Viviana de Sans se desmarcara de la aprobación del Plan Director Sectorial de Carreteras, que salió adelante con los votos del PSOE y del PP. El presidente Torres mostró su enfado al finalizar el pleno: «No nos parece correcto. Ahora que gobernamos nos encontramos con una moción de oposición, esto no me gusta como presidente ni como persona a nivel ético».

Para más inri, los podemitas presentaron una moción contra la política llevada a cabo por el departamento de Mobilitat y sumaron sus votos a los del PP para forzar al presidente Torres a pedir que se prohíban los alquileres turísticos en edificios plurifamiliares, en contra de la opinión de los socialistas.

En cuanto a gestión, el Consell ha tenido problemas a nivel viario ya que debe acabar a contrarreloj la reforma de la carretera de Sant Joan y se ha retrasado cuatro meses en abrir la travesía de Jesús. Sin olvidar el pseudoreferéndum sobre el desdoblamiento de la carretera de Santa Eulària que levantó las críticas de vecinos, oposición y Ayuntamiento de Santa Eulària.

A principios de año, el expresidente y portavoz de los ‘populares’, Vicent Serra, abandonó su cargo para volver a ejercer como médico por el nuevo régimen de incompatibilidades aprobado por el Parlament, donde ocupa un escaño.

En el Ayuntamiento de Eivissa las aguas no bajan tan revueltas en el equipo de gobierno, donde la sintonía entre los socialistas y Guanyem, que no tiene el apoyo de Podemos después de la rocambolesca elección del candidato, es total. Un año después de las elecciones, donde el PP obtuvo más votos pero no la mayoría absoluta de concejales, el alcalde Rafa Ruiz ha conseguido echar a los ocupantes de las viviendas expropiadas entre las calles Alt y Retir. Además, también han presentado el proyecto de peatonalización de s’Alamera (que empezará tras la temporada turística), ha negociado con Autoritat Portuària la construcción de una aparcamiento subterráneo en la avenida de Santa Eulària y ha aprobado de manera inicial el nuevo Plan General del municipio. Además, también ha anunciado un acuerdo con el Consell d’Eivissa para reabrir este verano la estación de autobuses Cetis.

Sin embargo, deberá lidiar un verano más con el vetusto emisario de Talamanca y rezar para que no se vuelva a romper y contamine de aguas fecales la bahía.

La polémica subasta

El primer año de legislatura también ha dado para mucho en Sant Josep, donde Agustinet afronta su tercer mandato como alcalde con apoyos puntuales de Guanyem, ya que se encuentra en minoría. En los últimos días el alcalde josepí ha reformado su equipo de gobierno tras la renuncia de su primer teniente de alcalde, Albert Marí, por motivos personales. Un hecho que ha coincidido con la controvertida subasta que el Ayuntamiento llevó a cabo para otorgar las concesiones de las playas del municipio para los próximos dos años. Una subasta en la que participó un empresario canario juzgado por narcotráfico que reventó los precios de salida y se llevó lotes en manos de concesionarios veteranos, como el de Cala Carbó.

Sin embargo, el problema que ahora mismo más preocupa a Marí Ribas es el suministro de agua potable en zonas como Sant Jordi o Sant Josep. El Ayuntamiento está pendiente de la instalación de la tubería que tienen que conectar el núcleo urbano de Sant Jordi con la interconexión de las desoladoras, y que podrían estar finalizada el próximo mes de junio.

Donde también ha cambiado el panorama en un año ha sido en Sant Antoni, donde por primera vez ostenta la alcaldía un socialista. Pep Tur Cires necesitó los apoyos de Reinicia y El Pi para hacerse con el bastón de mando portmanyí y en estos meses ha tenido tiempo para encomendar la redacción de un plan estratégico a la empresa del exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, que establezca las estrategias y actuaciones a seguir para cambiar de arriba a abajo el municipio, sobre todo a nivel turístico.

Gallardo y la ordenanza

El equipo de gobierno tripartito de Sant Antoni también se ha visto inmerso en varias polémicas como la contratación irregular de la nueva responsable de la Policía Local, Ángeles Gallardo, o la modificación de la ordenanza cívica, que ha despertado las críticas de la oposición y las dudas ciudadanas porque se prohíbe el consumo de cualquier bebida, alcohólica o no, si se consume en grupo y se molesta a los vecinos o se ensucia la zona.

En Santa Eulària, Vicent Marí sigue intentando que la desaladora de su municipio se ponga en marcha de una vez después de que el Gobierno haya asumido el sobrecoste y la haya cedido al Govern balear, que deberá terminar las obras de conexión con el anillo hidráulico y los núcleos urbanos cercanos para empezar a producir agua desalada.

Por otro lado, el Ayuntamiento ya ha empezado a retirar los lodos de la depuradora (un año más) para que los vecinos de Cas Capità y Can Sançó no tengan molestias con el hedor de estos fangos, y está a la espera de que el Consell d’Eivissa decida si se los lleva al vertedero de Ca na Putxa o los embarca rumbo a la Península o a Mallorca.

EL DETALLE

Formentera lucha para que la estación marítima se quede on sempre

La intención de la Autoritat Portuària de Balears (APB) de trasladar la estación marítima de los barcos que navegan entre las Pitiüses en el puerto de Vila ha despertado la indignación del pueblo de Formentera, que se opone a este cambio de ubicación de manera unánime. Así se puso de manifiesto a mediados del mes de abril en la concentración que llenó la Plaça de la Constitució de Sant Francesc. Los formenterenses piden diálogo al ente portuario y que se mantenga la estación en su ubicación actual, algo que no entra en los planes de la APB. El presidente Jaume Ferrer, de Gent per Formentera, gobierna la institución en solitario por primera vez después de obtener la mayoría absoluta en las elecciones del año pasado.

En Sant Joan, nadie le hace sombra a Antoni Carraca, que gobierna con una holgada mayoría y a pesar de la irrupción de Gianandrea di Terlizzi, que suele animar los plenos municipales con sus intervenciones irreverentes.