Biel Barceló, ayer durante la reunión que mantuvo con parte del equipo de gobierno del Consell d’Eivissa. | Toni Escobar

El impulsor del controvertido proyecto para la regulación del alquiler vacacional, Biel Barceló, constató ayer tras diversas reuniones que el problema de la vivienda en Eivissa no tiene fácil solución y que los precios de los alquileres, lejos de suavizarse con las campañas de inspección, continuarán al alza.

«Por desgracia el tema del precio del alquiler no solo es difícil que lo podamos regular, sino que la tendencia económica es de un crecimiento del precio. En el mercado del alquiler no podemos incidir y por desgracia van a aumentar los precios», admitió ayer el vicepresidente y conseller balear de Turisme durante su visita a Eivissa.

La regulación del alquiler vacacional, la principal herramienta con la que el Govern pretende combatir el intrusismo y dotar al Archipiélago de un mayor número de viviendas protegidas y alquileres sociales, se retrasará si en septiembre, la fecha prevista para elevar el proyecto a la cámara autonómica, todavía no hay consenso.

«Recogiendo lo que nos han pedido desde Eivissa, estamos dispuestos a que si no hay un consenso se deberá alargar el plazo», señaló el conseller, tras visitar ayer el Consell Insular, junto a la directora general de Turismo, Pilar Carbonell.

Ambos se reunieron con el equipo de gobierno del Consell d’Eivissa, los representantes de los ayuntamientos y agentes sociales como Pimeef, Caeb o la patronal hotelera, para recoger propuestas sobre cómo regular el alquiler vacacional en edificios plurifamiliares.

Barceló volvió a verificar que en Eivissa existe un fuerte rechazo a la regulación de los pisos turísticos debido a la problemática de la vivienda y la convivencia entre vecinos y turistas. En este sentido, hizo hincapié en que esta regulación deberá «coordinarse» con la Ley de la Vivienda, que también está en elaboración, aunque apuntó que en caso de confrontación el derecho a la vivienda debe prevalecer y ser «prioritario».

Por su parte, el presidente del Consell, Vicent Torres, pidió que la normativa se aborde con «mucha reflexión». «Desde Eivissa, con todos los problemas de vivienda que tenemos, creemos que debe ser una regulación muy restrictiva», señaló el líder socialista, quien reclamó «no tener prisa» en su aprobación, a pesar de que el Parlament balear dio para ello un plazo de seis meses, que se cumplirá en agosto.

Además, Torres admitió que la Ley de Arrendamiento Urbanos (LAU) «choca en muchos aspectos con muchas regulaciones autonómicas que hay sobre alquileres turísticos». Por ello, el presidente del Consell reconoció que están abordando la necesidad de «pedir una modificación de esta ley al Gobierno central», si bien precisó que «en este momento de transición es muy difícil».

Barceló recordó que desde el Ejecutivo balear se trabaja en una normativa que establecerá un «marco general», pero insistió en que «la potestad de hacer o no hacer será del Consell a través de los planeamientos». Asimismo, insistió en la necesidad de que las competencias municipales también sean respetadas. También explicó que la Ley de Vivienda plantea unos «porcentajes mínimos que cada ayuntamiento deberá guardar para ser de acceso a VPOs o alquileres sociales», teniendo en cuenta los recursos de que disponen.

LA NOTA

«En un futuro podemos vernos en un problema»

Vicent Torres reconoció su «preocupación» por la falta de vivienda, que afecta ya a trabajadores de servicios básicos como la sanidad, la educación o la seguridad. «Una isla eminentemente turística necesita de unas infraestructuras y unos servicios que manejan miles de trabajadores. Si no somos capaces de desarrollar bien esos servicios porque no tenemos mano de obra, en un futuro podemos vernos en un problema, y nos preocupa», subrayó el presidente del Consell d’Eivissa.

Para tratar de combatir esta problemática, Biel Barceló recordó el paquete de medidas del Plan de la Vivienda aprobado en 2015, como la posibilidad de que propietarios cedan sus viviendas al Ibavi para ser reformadas, a cambio de una compensación económica, que se ofrecerían en régimen de alquiler social.