El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany ha realizado 50 inspecciones entre el 29 de junio y el 24 de julio para comprobar si las ocupaciones de vía pública (OVP) de diferentes establecimientos contaban con autorización municipal y se ajustaban a la normativa.

Según han informado desde el Consistorio, a petición de la inspectora de Actividades, la Policía Local ha realizado ya controles en 41 de estos establecimientos situados en el núcleo urbano de Sant Antoni.

Entre los 50 revisados inicialmente se han detectado 26 infracciones de carácter muy grave, por lo que se ha obligado a esos 26 locales a retirar aquellos elementos que no habían sido autorizados y a ajustarse al espacio que tuvieran concedido.

Asimismo, según el Ayuntamiento, se iniciará de inmediato un procedimiento sancionador contra 19 de estos locales.

De los 26 en los que se han constatado infracciones, 12 carecían de licencia por no haberla solicitado nunca o no haberla renovado, con lo cual no tenían derecho a ocupar ningún espacio en la vía pública.

Las restantes infringían la ordenanza municipal de Ocupación de Vía Pública por diversas causas, como no respetar un paso mínimo para viandantes, un exceso de ocupación sobre la superficie permitida o la colocación de elementos no autorizados en la normativa.

Los 26 locales infractores serán debidamente sancionados de acuerdo a la ordenanza, con multas que van desde los 1.501 a los 3.000 euros o con la suspensión de la autorización durante seis meses.

Aquellos que reincidan y vuelvan a colocar elementos sin autorización tras el requerimiento serán penalizados con una revocación definitiva de la licencia.

En las inspecciones realizadas se ha incidido especialmente en áreas residenciales en las que los empresarios ocupan a menudo las aceras.

El departamento de Actividades ha alertado que no se trata de una campaña puntual y que este tipo de acciones de control se siguen realizando y está previsto que se desarrollen también en invierno.

El Consistorio, según ha dicho, entiende que algunas de las autorizaciones otorgadas en su día para ocupar vía pública no se ajustan al criterio técnico, motivo por el que está previsto que algunas de ellas sean revocadas o no renovadas en los próximos meses.