Imagen de archivo de la carretera del aeropuerto.

El PP presentó ayer su plan de trabajo ante la comisión de investigación en el Parlament sobre el sobrecoste de las autovías de Eivissa y pide las comparecencia del expresidente del Govern Francesc Antich y el exconseller de Vivenda i Obres Públiques, Jaume Carbonero.

Los populares reclaman que comparezcan ante la comisión no permanente «las personas que directamente intervinieron en el proceso de ejecución y gestión de las obras y de la documentación relacionada con los proyectos constructivos y en particular las modificaciones a los proyectos ejecutados por el Pacte de Progrés a lo largo de la legislatura 2007-2011», según informaron los populares.

El PP asegura que existen «graves irregularidades» originadas por el gobierno progresista «que merecen una explicación definitiva».

Según el portavoz del grupo parlamentario popular en la comisión de investigación, el diputado Miquel Jerez, «las últimas sentencias determinan claramente una responsabilidad directa del Pacte de Progrés en los sobrecostes relacionados con la gestión de las autovías y todavía nadie ha respondido por ello».

«Se trata de sentencias condenatorias que obligan a la Comunidad Autónoma a pagar una cantidad ingente de dinero más por lo mismo derivadas de decisiones absolutamente irresponsables», apuntó

Jerez recordó que los retrasos en el desarrollo de las obras «también han provocado un sobrecoste millonario a la administración, sin que nadie haya asumido todavía la obligación de perseguir a los responsables y alborotadores».

«Ya va siendo hora de hacer cumplir las sentencias y exigir a los condenados la cuota de castigo que en su caso les corresponda», reclamó.

Por su parte, Podemos pide la comparecencia de 44 personas entre las que, además de Antich, quieren que hablen el expresidente Jaume Matas, la exconsellera Mabel Cabrer, el empresario Abel Matutes y la exconsellera ibicenca, Stella Matutes. También figuran los expresidentes del Consell d’Eivissa, Xico Tarrés y Pere Palau, además del GEN y afectados por las expropiaciones.