A partir de ahora, si el Govern quiere aprobar modificaciones presupuestarias que conlleven un aumento del gasto, deberá aprobar acuerdos de no disponibilidad por igual cuantía, lo que ‘de facto’ supone el bloqueo de los gastos del Ejecutivo balear. En paralelo, todas las operaciones de endeudamiento a largo plazo precisarán de la autorización del Estado. Por último, Balears deberá incluir en la actualización de su plan de tesorería nuevas medidas para cumplir con el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad. Le da hasta el sábado para que le informe de las medidas que piensa adoptar.
El dato
Los últimos datos oficiales de que dispone el Ministerio de Hacienda corresponden al mes de julio. Señalan que el Govern pagó con un retraso medio de 87,03 días cuando la media de las comunidades autónomas era de 37,41 días. La carta llega porque se cumplieron dos meses consecutivos con un retraso superior a los 60 días, cuando la norma obliga a pagar a 30 días. El Govern precisa que la cifra bajó a 73 días en agosto y espera acabar septiembre en 70.
Si la cifra va en aumento, el Govern se expone a que le llegue un nuevo requerimiento muchísimo más coercitivo que el actual ya que Montoro podrá tomar el control de los pagos. Es decir, el Ministerio tendrá la potestad de pagar directamente las facturas y después detraer esta cantidad del dinero que envía a la Comunitat en concepto de financiación autonómica.
Si la situación actual es ‘de facto’ un bloqueo de los pagos del Govern, el siguiente estadio supondría que el Gobierno tomará ‘de facto’ el control de las cuentas de la Comunitat. En la carta remitida por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, se asegura que el Ministerio ve «con preocupación» el incumplimiento del Govern.
En el Govern reconocen que los datos no son buenos especialmente si se tiene en cuenta que el mes de julio, el Ejecutivo acabó con superávit de 248 millones de euros, el 0,87 por ciento del PIB.
Atribuyen el problema a dos factores, y uno de ellos es la implantación de la factura electrónica: desde el momento en que se emite, cuenta como tal sin posibilidad de que haya las llamadas «facturas en los cajones».
También reconocen que en el IB-Salut existe un problema de pagos que se arrastra desde hace años. Los datos del Govern sustentan esta versión: si el periodo medio de pago de la Administración fue de 29,68 días en agosto, el del IB-Salut subió a 87,47. Hay impagos desde el año 2015, según reconocen en el Ejecutivo.
Otra carta el mismo día
La carta del Ministerio fue enviada el viernes, el mismo día en que el Govern recibió otra carta de Montoro en la que le comunicaba el dinero que recibirá el año que viene en concepto de financiación.
Ni el Govern ni el Gobierno han querido facilitar la cifra, pero sí se ha podido saber que, para sorpresa del departamento de Cladera, es superior a lo esperada. Ello ha obligado a introducir ajustes internos en el techo de gasto aprobado el pasado viernes, pero la consellera aclaró ayer mismo que no será necesario aprobar una nueva cantidad.
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