«Pablo Valdés es un irresponsable y sus reiteradas descalificaciones sin consecuencias políticas demuestran que en Sant Antoni gobierna Reinicia con el apoyo del PSOE y el PI». Así valoró ayer el concejal del PP en el Ayuntamiento de Sant Antoni, Marcos Serra, los polémicos comentarios del primer teniente de alcalde de Sant Antonio, manifestaciones «que dañan la imagen de una Policía Local especialmente castigada por el actual equipo de gobierno».

Asimismo, el dirigente popular advirtió que el PI no pide responsabilidades políticos «porque se aferra a la silla en el equipo de gobierno».

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Serra recordó que «cuando Valdés era un ciudadano de a pie ya descalificaba en las redes sociales. Ahora es un representante del pueblo y sus comentarios son desafortunados y vergonzosos», denunció.
El regidor popular hizo hincapié en que Valdés «actúa de forma premeditada» y le instó a que se disculpe personalmente ante los agentes de la Policía Local.
«Hemos aguantado los comentarios ofensivos de Valdés desde principio de la legislatura, pero ya ha superado todos los límites», indicó Serra.

Asimismo, argumentó que las informaciones publicadas han demostrado que las necesidades de uniformes existían porque después han realizado un «importante pedido» y añadió que la concejal Aída Alcaraz «también sale mal parada porque se sumó a los ofensivos chascarrillos».
Marcos Serra subrayó que el actual gobierno «se limita a hacer oposición de la oposición y en lugar de soluciones, genera problemas. En diciembre contrataron de forma irregular a Ángeles Gallardo para, según dijeron, poner orden y mejorar la gestión de la Policía Local. La realidad es que Sant Antoni ha sufrido el verano más caótico, con más venta ambulante y prostitución en la calle que nunca, pero no por culpa de los agentes, sino de la gestión. Los 60.000 euros que le pagan a Gallardo los podían haber destinado a los uniformes de los agentes», señaló.
La Policía Local de Sant Antoni es la única de la isla que no lleva la uniformidad de invierno, ya que el Ayuntamiento tumbó la orden dada el 27 de octubre por el jefe de la Policía, Javier Verdugo.