Imagen de archivo de la desaladora de Santa Eulària. | Toni Escobar

La Conselleria de Medi Ambient informó ayer de que han recibido dos resoluciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, en las que se reclama a Baleares que abone 26,1 millones de euros por la desaladora de Santa Eulària y 20,2 millones por la de Ciutadella (Menorca).

De esta manera, según señaló el conseller del ramo, Vicenç Vidal, se incumple el acuerdo político al que llegaron ambas administraciones el pasado mes de mayo, «en vista al bloqueo de las instalaciones y la grave situación de sequía de Ibiza», por la que la Conselleria se encargaría de conectar las instalaciones a la red y el Ministerio rescataría la concesión de las desaladoras sin ningún coste adicional para la Comunidad Autónoma.

Vidal subrayó que Balears «cumple con este acuerdo, al haber iniciado ya las obras de conexión de la desaladora de Santa Eulària con Roca Llisa y haber iniciado la tramitación del resto de conexiones necesarias» y manifestó que «el Gobierno del Estado va en contra de los intereses de los ciudadanos de las Islas» con esta resolución del secretario de Estado de Medio Ambiente.

Las instalaciones continúan siendo propiedad del Estado, y así lo refleja el acta firmada el 11 de mayo de 2016 por la directora general de Recursos Hídricos, Joana Garau, y la directora general del Agua del Estado, Liana Ardiles, que manifiesta que el Govern recibe el uso y explotación de las desaladoras, mientras que el Ministerio mantiene la titularidad y se reserva el derecho de repetir acciones contra la Administración autonómica a consecuencia del rescate de las concesiones.

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Con este movimiento «se ve el talante político del Gobierno central, que lo primero que hace es incumplir un compromiso político con Baleares», porque esta reclamación responde a «una voluntad política», explicó el conseller.

Según recordó el Ejecutivo autonómico, las dos desaladoras están declaradas de interés general en el Plan Hidrológico Nacional de 2001, pero hasta el 29 de abril de 2005 el Gobierno central y el de Balears no firmaron el convenio para ejecutar las obras. En septiembre de aquel mismo año el Ministerio adjudicó el contrato para la elaboración del proyecto, la obra y la explotación de las desaladoras, la de Santa Eulària con un presupuesto de 14,19 millones (más IVA) y la de Ciutadella por 12,47 millones (más IVA). En ambos casos se presentaron modificaciones, con un sobrecoste de ocho millones de euros para la instalación de Ibiza y de 4,5 millones de euros para la de Menorca y las obras finalizaron en el 2011.

LA NOTA

Una desaladora acabada desde 2011

Las obras de la desaladora de Santa Eulària acabaron en 2011. El Estado considera que desde entonces se podía haber puesto en marcha, pero el Govern lo descartó ya que el sobrecoste que se había producido lo hubiesen tenido que pagar los ciudadanos del municipio. En diciembre de 2013, las concesionarias pidieron la resolución del contrato de concesión al Ministerio. En diciembre del año pasado, el Consejo de Ministros autorizó la resolución del contrato y el secretario de Medio Ambiente resolvió que se tenían que abonar 26,1 millones a la empresa que hizo las obras. El 11 de mayo de este año, el Gobierno aseguró que rescataría la concesión.